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Bañadenses están hartos de mentiras y silencios

Durante la mañana de ayer miércoles 15 de marzo, se realizó la Audiencia Pública sobre la “Protección de las familias en la construcción de la Costanera II”, organizada por el Parlamento del Mercosur, con el apoyo de la organización Cobañados. Participaron pobladores de las zonas afectadas, organizaciones sociales, funcionarios de la ESSAP, y parlamentarios del bloque regional del Mercosur, de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Notablemente los principales responsables del proyecto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Giménez Gaona; el intendente de Asunción, Mario Ferreiro; y la ministra de Senavitat Soledad Núñez, no asistieron a la audiencia ni enviaron representantes.

Las autoridades del Mercosur representantes de Paraguay, dieron apertura a la audiencia desarrollada en la Sala Bicameral del Congreso de la Nación. La parlamentaria Mirtha Palacios, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Transporte; Alfonzo González Núñez, presidente de la bancada paraguaya del Mercosur; y Ricardo Canese, miembro de la Comisión de Infraestructura.

“Si se violan los derechos humanos, debemos enmendarlo. Esa es la función de los parlamentarios”, aseguró González Núñez dando apertura al encuentro público. El parlamentario del Frente Guasu, Ricardo Canese, presentó los objetivos de la audiencia convocada por la Comisión de Infraestructura del Mercosur, aludiendo en primer lugar, la necesidad de escuchar a todas las partes, y promover un espacio de dialogo entre los pobladores afectados y el gobierno. Asimismo, explicó que la iniciativa parlasuriana busca el esclarecimiento de las denuncias recibidas con respecto a la violación de derechos esenciales de los pobladores. Y como tercer objetivo principal, se intenta avanzar en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.

ANTECEDENTE DE ESTA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Ya en junio del 2016, Canese presentó al Parlasur la propuesta de interpelación al FOCEM y al MOPC, En sus consideraciones técnicas se fundamentaba que la construcción de la Avenida Costanera financiada por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), había afectado a la población de los Bañados, entre otras formas, agravando el riesgo de inundaciones. Así, en la Sesión del día 8 de noviembre del 2016, la Comisión de Infraestructura del Parlamento del Mercosur, define convocar al FOCEM, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), y a la organización de Pobladores de los Bañados, COBAÑADOS, para que los entes responsables expliquen por qué no han contemplado obras de protección a las familias afectadas por la obra (Bañado Norte).

AUSENCIA DEL INTENDENTE, DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE MINISTRA DEL HÁBITAT GENERA INDIGNACIÓN Y MOLESTIA

La notable ausencia de los responsables de ejecución del cuestionado proyecto, generó bastante molestia e indignación. Fue interpretada negativamente por la totalidad de los participantes, algunos calificando el hecho como una falta de respeto, y otros como un ejemplo elocuente de cómo estas instituciones están llevando a cabo el proyecto: negándose a escuchar al pueblo, negando su participación y minimizando la gravedad del problema en donde miles de familias se ven vulneradas en sus derechos principales, obligadas a vivir en condiciones de riesgo permanente y a ser despojadas de sus viviendas, de sus medios y lugares de trabajo.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Giménez Gaona, y el intendente de Asunción Mario Ferreiro, y la ministra de la Secretaría de la Vivienda y el Habitat, Soledad Núñez, no solo brillaron por sus ausencias, tampoco enviaron ni un solo representante, a pesar de haberse comprometido a asistir a la audiencia. “Estamos hartos de silencios y de mentiras”, exclamó en su intervención el histórico y respetado luchador social de los Bañados, Pa’i Oliva.

DESGARRADORA REALIDAD

Numerosas denuncias fueron reiteradas por pobladores, madres, padres y docentes de las zonas afectadas por la construcción de la Costanera 2. Según fue constatado, no solo se les ha negado participación en la planificación y en la toma de decisiones, la población afectada ni siquiera ha sido informada sobre el proyecto. La incertidumbre y la zozobra generada por las propias instituciones del Estado genera fuerte impacto hasta el punto de expulsar a familias de sus hogares y sus lugares de trabajo a pesar de no tener adonde ir.

“Prefiero morir en mi casa. Si salgo de todas maneras voy a morir de hambre. Tengo 7 hijos y trabajo en esta zona. Parece que lo que quiere este gobierno es esto”, fue la respuesta de un poblador del Bañado ante la amenaza que le hiciera un funcionario del Ministerio de Obras Públicas para que acepte la indemnización de 30 millones por su vivienda, de lo contrario le descontarían 10% y si no, de todas maneras “pasaría encima de su casa con su tractor”, informó el bañadense.

No existe censo de la población afectada, las comunidades son amenazadas permanentemente y persuadidas a aceptar la insuficiente indemnización o serán arrasadas, la precarización de viviendas aumenta, escasea agua potable en algunas zonas, electricidad en otras, las inundaciones han afectado multiplicando su perjuicio luego del proyecto.

Aseguran que el 95% de las familias afectadas no cuenta con una solución habitacional, que mejore o sustituya la actual situación de riesgo y despojo que sufren por parte del propio Estado. Representantes de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados (COBAÑADOS), declararon que “no son los ladrones ni drogadictos los que generan inseguridad en los Bañados, es el Estado el que genera inseguridad”. Un poblador del barrio Santa Rosa, lamentó que se les “etiquete de ignorantes, porque son las autoridades quienes los ignoran” y que “cuando quieren votos conocen sus casas, pero cuando tienen que informarles, se olvidan”.

La joven Jésica Arias, del Bañado Sur, aseguró que son intereses monetarios, mobiliarios, los que están avasallando los derechos de los pobladores legítimos, que con sacrificio construyen y sostienen los Bañados. Exige al Estado que cumpla con el derecho fundamental a la tierra. Aseguró que resistirán en sus comunidades. Otro referente del Bañado Sur, de la tercera edad, interpeló a las autoridades, “este es un grave problema social y somos parte del Estado (…), basta de politiquería, hagamos políticas públicas”. Al referirse a las décadas de historias familiares, de trabajo diario y de arraigo de miles de familias, que se ven en riesgo por el negocio de un pequeño grupo de poderosos, aseguró “que el Bañado Sur no va a morir arrodillado”.

La propuesta con sintetizó la posición de los representantes de las poblaciones afectadas, fue la de “interrumpir el desarrollo del proyecto, parar la construcción” hasta que las irregularidades y el incumplimiento de derechos básicos de participación, de vivienda digna, de trabajo, de salud, de educación, sean cumplidos”.

PARLASUR TOMARÁ MEDIDAS

El parlamentario del Mercosur, Edgar Romero, representante de Bolivia, aseguró que “habrá un antes y un después” de esta audiencia, y que haciendo uso de sus competencias y facultades, los parlamentarios presentes, darán respaldo y seguimiento a las denuncias, fiscalizarán de manera intensa el desarrollo del proyecto de la Costanera II y el desempeño de las instituciones responsables y sus autoridades.

Aseguró que ejercerán la presión y la interpelación correspondiente al incumplimiento y las faltas que se cometan con respecto a los marcos y acuerdos establecidos, y sobre todo, en resguardo al respeto y cumplimiento de los derechos del pueblo, que representa la razón de ser del Estado y es a quien se deben las autoridades públicas de nuestros países.

 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu.

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