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Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel ingresaron a las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática. El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV implicó “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

6 de septiembre, 2017

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, cuya sede central está en Quito – Ecuador,  emitió una carta por la cual informa a sus asociadas que la CONATEL de Venezuela clausuró la señal de Radio Fe y Alegría de Maracaibo, emisora socia de ALER.  El argumento para decretar el cierre fue por no contar con licencia de funcionamiento.

El caso es que Radio Fe y Alegría Maracaibo que se ha mantenido en el aire en los últimos 11 años, ha presentado a las autoridades correspondientes la documentación respectiva, pero en todo este tiempo las autoridades de CONATEL no han dado trámite a la solicitud.

CONATEL ha visitado en anteriores ocasiones las instalaciones de Radio Fe y Alegría Maracaibo y nunca ordenó el cese de las trasmisiones afectando con ello el derecho a la comunicación e información del pueblo, sobre todo en un momento particularmente difícil que atravieza la República Bolivariana de Venezuela.

Llama la atención que el cierre de Radio Fe y Alegría Maracaibo ocurra dos días después que desconocidos robarán el receptor de enlace de radio fe y Alegría Caracas 1390 además del procesador de audio, dejando sin señal a esta otra estación radial socia de ALER.

ALER hace un llamado a todas las socias a compartir esta información y demandar el esclarecimiento de estos hechos y la actuación de la CONATEL que considera arbitraria.

 

La directora de Radio Integral FM, en la frecuencia 94.9 MHz, Carmen Escurra, explicó a Demoinfo que recibió una notificación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la mañana del pasado  lunes 14 de agosto en la que se exigía el “cese inmediato” de la operación y transmisión de la estación radial mencionada, ubicada en el distrito de Carlos Antonio López, de Itapúa.

Según Escurra, esta denuncia sería un seguimiento a una denuncia presentada en 2013 por la intendenta de Mayor Otaño en ese entonces, la señora Lourdes de Lovera, contra varias radios de la zona, acción que afectó a las que se encontraban incluso fuera de su jurisdicción y en situación igualmente de tramitaciones ante el ente estatal.

No obstante, otra posibilidad barajada por la también concejala de Carlos A. López, Carmen Escurra, sería la persecución contra las radios comunitarias de este distrito por su abierto acompañamiento a las movilizaciones en torno a los reclamos de las familias afectadas por deudas ante las corporaciones financieras. “Son cuatro radios comunitarias en esta localidad, las cuatro habrían recibido notas similares y en el mismo tenor, de alguna forma es un amedrentamiento por nuestra posición ante las movilizaciones campesinas”, reflexionó.

Los procedimientos en Conatel se vienen realizando regularmente, sin embargo no sorprende esta actuación por parte del gobierno nacional, justamente en este contexto de lucha del campesinado, donde las radios comunitarias son un instrumento de concienciación y democratización de las voces y reclamos populares.

Copia de la nota remitida por la Conatel

Copia de la nota remitida por la Conatel

Por otra parte, una nota emitida el pasado miércoles y firmada por María Digna Roa, quien preside interinamente la Conatel, la directora de la Radio 7 de agosto FM, Gloria Pereira, fue notificada del requerimiento de cese inmediato de la operación y transmisión de la estación mencionada, la cual opera en la frecuencia 100.1 MHz, en el mismo distrito de Carlos Antonio López.

Si bien esta radio se encuentra en proceso de habilitación en la dependencia correspondiente, lleva un buen tiempo operativamente realizando el servicio comunitario de la comunicación, para lo cual se ha erigido.

La nota cita los artículos 104 de la Ley de Telecomunicaciones, de “infracción grave”, y 100, en su redacción introducida por la ley 4179 de 2011 sobre la facultad de Conatel de sancionar con pena pecuniaria en caso de operar sin licencia o autorización previa. La misma concluye con la advertencia de que en caso de no proceder según el requerimiento “la Conatel tomará las medidas tendientes a la sanción de los responsables del funcionamiento de la misma”, tras lo cual procederá a formular la denuncia ante el Ministerio Público.

 

Texto/DV

Radio comunitaria en proceso de tramitación recibe orden de cese inmediato por parte de la Conatel

Por una nota emitida el pasado miércoles y firmada por María Digna Roa, quien preside interinamente la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), la directora de la Radio 7 de agosto FM, Gloria Pereira, fue notificada del requerimiento de cese inmediato de la operación y transmisión de la estación mencionada, la cual opera en la frecuencia 100.1 MHz, radio estación ubicada en el barrio Defensores del Chaco del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.

Si bien la radio se encuentra en proceso de habilitación en la dependencia correspondiente, lleva un buen tiempo operativamente realizando el servicio comunitario de la comunicación, para lo cual se ha erigido.

La nota cita los artículos 104 de la Ley de Telecomunicaciones, de “infracción grave”, y 100, en su redacción introducida por la ley 4179 de 2011 sobre la facultad de Conatel de sancionar con pena pecuniaria en caso de operar sin licencia o autorización previa.

La nota concluye con la advertencia de que en caso de no proceder según el requerimiento “la Conatel tomará las medidas tendientes a la sanción de los responsables del funcionamiento de la misma”, tras lo cual procederá a formular la denuncia ante el Ministerio Público.

 

Texto/DV

Escuche audio:Los medios de comunicación cubren la marcha campesina en Asunción, pero hay un enorme sesgo ideológico muy parecido a los hechos acontecidos durante el golpe de Estado parlamentario (2012), así refiere Leo Rubín, periodista, conductor del programa “Made in Paraguay” que se emite por Radio Ñanduti. Fue al ser consultado sobre el manejo periodístico en torno a la movilización de los labriegos.

Cuando hay marchas campesinas como estas, lastimosamente en los medios en un 80 por ciento se presenta como que si fuesen haraganes o que solamente están buscando que se les pague sus cuentas de motos o celulares. Ven muy poco sobre la realidad, dice puntualizando que esos periodistas pareciera que ni siquiera se acercaron hasta los campesinos a fin de recabar datos de cómo están viviendo y en qué estado se encuentran nuestros compatriotas.

Hay una cobertura periodística pero apunta a estigmatizar al campesino, a criminalizar su lucha, lamentable (periodistas), demuestran lo que sienten, una cosa es la línea editorial de un diario y otro la información. Yo he escuchado a algunos periodistas que consideraba que eran más sensibles y veo que piensan lo mismo que la línea editorial, entonces todo es muy sesgado y no se llegan a la profundidad del análisis, dijo Leo

En cuanto a periodistas de renombrada trayectoria y que suelen tener cierta sensibilidad hacia la gente menos favorecidas, y que ahora, a criterio de él, no desarrollan responsablemente la tarea comunicacional puso de ejemplo a la conocida Menchi Barriocanal y a Oscar Acosta. Menchi en el caso Curuguaty pensaba de una manera pero luego cambió de opinión y en este caso parece que no piensa lo mismo.

Después hay otros periodistas que siempre tuvieron una opinión contraria como el caso de Luis Bareiro opinando que la agricultura debe ser mecanizada y a gran escala. Por lo visto no tiene la menor idea de lo que es la agricultura familiar. No se ponen a pensar de que el 80 por ciento de lo que consumimos vienen de la gente de esta clase que trabaja la chacra.

“Yo te puedo decir porque produzco mi propia huerta y me encanta comer lo que produzco. Se lo que cuesta para producir, manifestó entre otras cosas Leo Rubín quien en la siesta de este martes 8 de agosto estuvo por la plaza compartiendo con los campesinos movilizados.

Escuche audio:La dirigencia campesina lamenta el actuar de los medios masivos de comunicación respecto a los reclamos campesinos. Se nota la falta de objetividad en las informaciones perjudicando al pueblo en general y particularmente contra la agricultura familiar campesina, según Jorge Galeano.

Los campesinos movilizados reciben “golpes” de la prensa a sabiendas que las empresas periodísticas están asociados al gobierno de Cartes, dijo.

En tanto Esther Leiva, dijo que la sociedad sometida al sistema capitalista neoliberal privilegia a los ricos, sojeros en tanto el pueblo humilde no es tenido en cuenta por las políticas públicas. Seguiremos firmes en nuestra lucha hasta conseguir la victoria, puntualizó.