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Raúl Genes, presidente de la Asociación de Pescadores de Villa Oliva (Ñeembucú), dice que el Puerto “La Victoria” debe ser defendido por todas las fuerzas vivas de la comunidad de “Zanjita”. Los pescadores están decididos en movilizarse, ya no permitamos que los empresarios arroceros violen nuestros derechos, dijo el citado pescador durante la asamblea comunitaria desarrollada el pasado sábado 13 de mayo.

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El señor Hugo Espínola, poblador de Zanjita en el distrito de Villa Oliva hacia el norte del Ñeembucu, en delcaraciones al Centro de Producción Radiofónica “Ñane Ñe’ê-Beto Centurión”  indicó que la situación con la empresa arrocera “Villa Oliva RICE” data de hace tres años cuando se instaló en la zona, principalmente los brasileños.

Esta firma atropella con todo a la gente ocasionando perjuicios a toda la comunidad, dijo. Entre los daños provocados menciona el taponamiento de un cauce hídrico, fumigación vía área afectando a pequeños ganaderos y pequeños agricultores. Además deja sin agua potable a la población.  Dijeron que iban a desarrollar la zona pero finalmente están dejando a la ruina a la gente de Zanjita, puntualizó

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“Desde nuestro rincón de lucha: Memorias de una década de injusta prisión”, libro que recoge cartas escritas y recibidas durante el proceso judicial que condenó a pena carcelaria a seis dirigentes campesinos de Paraguay, será lanzado este viernes 31 de marzo a las 18:30 horas en el Patio Leonor de la Manzana de la Rivera, sobre Ayolas 129 y Benjamín Constant.

Esta actividad se realiza en el marco de la Campaña “Libertad a los Seis Presos Políticos”: Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, quienes fueron acusados injustamente y condenados a 35 años de prisión en el caso Cecilia Cubas, en 2012.

Las cartas son el medio que estos dirigentes campesinos y, sobre todo, educadores populares, encontraron para comunicarse con la sociedad y seguir realizando trabajo político e intelectual para contribuir con el análisis de la coyuntura social del país, lo que demuestra que, si bien los han privado de su libertad física, el compromiso con la emancipación de la clase trabajadora y campesina continúa firme.

El libro contiene además las memorias de los diez años de inicio de su proceso (2006-2016). También autobiografías y artículos que los muestran con un rostro más humano, contrario a la difundida por los medios empresariales, que sirven para conocer y entender las irregularidades que llevó a estos campesinos a la condena política y, en su momento, mediática. Los mismos también son dirigentes políticos, lo cual es un dato no menor, ya que se les condenó judicialmente por su pertenencia a un partido de izquierda.

En todo este tiempo, primero desde el Complejo Penitenciario Federal Villa Devoto de Buenos Aires y luego del pedido de extradición, desde el penal de Tacumbú en Asunción, estos luchadores sociales han escrito varias misivas, pero también han recibido por el mismo medio mensajes de aliento y esperanza de distintos organismos y representantes de Derechos Humanos que se solidarizaron y se comprometieron con su causa.

La introducción cuenta con tres miradas diferentes: el sacerdote Francisco de Paulo Oliva, desde una posición más redentora y sensibilizadora; la conocida defensora de los derechos humanos Claudia Korol habla desde un acompañamiento más cercano a través de la experiencia pedagógica de la Escuela Soledad Barrett, habilitada en Tacumbú; y una visión jurídica más profunda del caso a cargo de la comunicadora Cecilia Rodríguez.

Este material está dirigido a quienes quieren informarse más sobre el caso y, sobre todo, a la juventud militante de las organizaciones y movimientos populares como un aporte para entender que lo ocurrido en la masacre de Curuguaty de 2012, o en la violentamente desalojada comunidad de Guahory y en otros muchos lugares, no son situaciones aisladas, sino que forman parte de un mismo proyecto de criminalización de las luchas sociales.

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El señor Marcial Galeano, miembro de la Contraloría Ciudadana de Chore del departamento de San Pedro en diálogo con Cristóbal Benítez, de la Radio Comunitaria y Parroquial “Uno de Mayo”, informó que el intendente Carlos Gimenez no se presentó ante la Fiscalía a fin de prestar declaración. El mismo ya había acudido ante el Ministerio Público el pasado viernes 24.

Fue en el marco de la investigación abierta consecuencia de la denuncia presentada por el comunicador Carlos Pereira y que generó una reacción ciudadana contra el citado intendente. Acompañó al radialista un grupo de 100 personas quienes fueron hasta la fiscalía, dijo Galeano.

El intendente Carlos Giménez fue denunciado por agresión y amenaza de muerte. El sacerdote Bernardo Cristaldo Mieres el año pasado denunció haber sido agredido por Giménez, incluso a punta de arma de fuego lo amenazó en el predio de la casa parroquial. Y el último caso aconteció el pasado sábado 18 de marzo ocasión en que el comunicador Carlos Pereira fue la víctima. Según la denuncia el jefe comunal intentó atropellarlo con su camioneta.

 

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La abogada Rosa Martínez de Vachetta, en diálogo con Elida Rojas de la radio comunitaria y parroquial “Virgen de la Candelaria” de Capiatá, refirió que con un grupo de usuarios y clientes se encuentran abocados a la recolección de firmas a ser presentado ante el Congreso Nacional con la finalidad de frenar el decreto del Ejecutivo que estableció aumentos en las tarifas de la ANDE. Estiman que para la próxima la presentación de la iniciativa ante los legisladores.