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Escuche audio: Pobladores de la compañía “Tercera Fracción” en el distrito de Colonia Independencia – Guaira- se encuentran sumamente preocupados porque no acceden al servicio de agua potable y ante esta realidad conformaron una comisión para gestionar ante las autoridades a fin de acceder al vital líquido.

Esto según manifestó el señor Isidoro Paredes, uno de los pobladores, en contacto con la radio comunitaria “Manduarâ” del mencionado distrito. Escasea el agua, no todas las familias cuentan considerando que el lugar es parte de la serranía del Yvyturuzu, y por el desnivel del terreno junto a las piedras dificultan mucho acceder al agua potable, dice el señor.

Se hacen las gestiones pertinentes para conseguir más pozos artesianos consultando al INDERT considerando que son alrededor de 50 familias quienes no acceden al servicio.

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Los habitantes de la Colonia Naranjito, distrito de General Resquin del departamento de San Pedro, tras varias gestiones lograron la apertura de una calle comunitaria. Para el efecto conformaron una Comisión Vecinal denominada “De apertura de caminos y mejoramientos”. Son 200 metros de mejora y ahora los habitantes pueden utilizar el tramo sin ningún problema que anteriormente se encontraba intransitable. Según informe de Bernardino Alegre de la Radio “La Voz del norte” quien igualmente refirió que hasta el momento no se iniciaron las obras para el asfaltado de un trayecto de 43 kilómetros que unirán varias comunidades en la zona. El proyecto fue aprobado y anunciado por el actual gobierno.

Asunción, 13 de marzo de 2017 (BASE-IS) Base Investigaciones Sociales y el Centro de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencias y Tecnología-Universidad Católica realizarán el conversatorio “Derecho al agua en Paraguay”.

El encuentro forma parte de una propuesta de investigación de la citada institución financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que analizará la dinámica de las empresas embotelladoras de agua ubicadas sobre el acuífero Patiño, y cuyos resultados estarán listos a fin de año. Durante el debate del miércoles expondrán el experto argentino José Esteban Castro sobre “La situación del agua en la región” y luego el experto local Róger Monte Domecq sobre “Una mirada del sector agua en la región”.

“Paraguay y varios países de Latinoamérica han firmado declaraciones internacionales y construido legislaciones nacionales respecto al Derecho al Agua. Sin embargo, históricamente no se ha logrado garantizar el acceso universal al agua potable, en el país ni en la región debido a la falta de políticas públicas claras respecto a su usufructo y cuidados en un contexto de expoliación ambiental sin precedentes.”, explica la hoja de prensa del evento.

El acuífero Patiño es una de las principales fuentes de agua para más de 2 millones y medio de personas de la zona céntrica del Paraguay. Actualmente varias amenazas se ciernen sobre él, como la contaminación y su principal problema, la extracción industrial del agua por encima de su recarga natural, explica el investigador Guillermo Ortega, en su libro “Mapeamiento del extractivismo“, recientemente presentado.

Una agravante para su control y uso racional, explica Ortega, es que si bien en Paraguay está aprobada una ley de recursos hídricos desde 2007, las presiones de las empresas embotelladoras lograron retrasar la reglamentación y operativización de esta legislación, lo que le sigue librando de pagar por el uso del agua, explica el analista en su material (pp. 54-55)

El debate está organizado por Base Investigaciones Sociales y el Centro de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencias y Tecnología-Universidad Católica, y es apoyado por la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El acceso es libre gratuito.

Habitantes de la zona afectada denuncian que empresa falseó datos de informe señalando que la fábrica sería emplazada en una zona rural.

Pobladores del barrio Santa Lucía de la ciudad de Itá, departamento Central, se manifestaron el pasado sábado contra la instalación de una planta asfáltica en plena zona urbana. Con pancartas, cánticos y cortes intermitentes de ruta alertaron sobre las amenazas a la salud que implicaría la contaminación generada por la fábrica.

En declaraciones al sitio Paraguayoite.com, el vocero de la organización vecinal, Víctor Villagra, denunció que la empresa Duarte Castiglioni Construcciones, en complicidad con las autoridades comunales, está cometiendo un atropello contra el medioambiente, la salud y la vida. Añadió que recurrieron a instituciones como la Secretaría del Ambiente (Seam) y la Fiscalía del Ambiente, que no han actuado para hacer cumplir las normas que regulan loa instalación de plantas industriales que emiten sustancias tóxicas.

“Quiero hacer una invitación principalmente a los pobladores de Itá para luchar por un ambiente saludable porque esto a la larga nos va a perjudicar a todos. No se puede permitir que una planta asfáltica altamente contaminante se instale en un lugar poblado. Solo vamos a poder hacer cumplir las leyes ambientales con organización ciudadana porque las autoridades no tienen la voluntad de hacer su tarea y me animo a hablar de que hay corrupción de por medio. Esta lucha es todos los ciudadanos del Paraguay porque en todos lados se están cometiendo atropellos contra el derecho a vivir en un ambiente saludable”, expresó.

La fábrica, propiedad de Luis Duarte y del senador colorado y ex vicepresidente Luis Alberto Castiglioni, se encuentra en avanzada fase de construcción y está emplazada sobre la ruta Marcial Samaniego, que une Itá con Itauguá. Según la denuncia de los pobladores, los responsables del proyecto falsearon informaciones sobre el impacto ambiental y el efecto sobre el entorno consignando que la planta sería emplazada en una zona rural.

Entre otros puntos, el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), elaborado por los másteres en geología Natalia Spinzi y Raúl González, señala que la vivienda más cercana se encuentra a 500 metros. Sin embargo, según pudimos corroborar la distancia real es de unos 10 metros. Además de ello, la boca de desagüe de efluentes desemboca en una calle con pronunciado declive en dirección a un curso de agua cercano.

El estudio de impacto ambiental detalla que la planta estará compuesta por una caldera, tanque de almacenamiento de asfalto, de fueloil, gasoil, sistema de calentamiento de asfalto, aceite térmico, filtro para intercepción de polvos y gases, entre otros elementos.

Consultada sobre los eventuales riesgos que implicaría la operación de este tipo de instalaciones en zonas pobladas, la ingeniera Mercedes Canese expresó que el proceso de producción de asfalto genera emisiones de azufre, anhídrido carbónico, partículas de fueloil, polución sonora y efluentes contaminantes que podrían afectar los recursos hídricos.

Por su parte, la empresa asegura que la planta tendrá una mínima afección sobre el entorno y que tanto en el periodo de operaciones como tras el cese de las actividades la seguridad estará garantizada.

“El proyecto atiende a lo dispuesto en la reglamentación vigente, sobre restauración del espacio natural afectado por las actividades, las instrucciones técnicas complementarias en materia de trabajo a cielo abierto y la restante legislación aplicable al ámbito autonómico, estatal y comunitario”, dice parte del informe de consultoría encargado por la firma.

La publicación original está disponible en el siguiente enlace: http://www.codehupy.org.py/noticias/ver-noticia/186/1

Fuente: Comunicación de la Codehupy

Escuche audio: Melanio Giménez, concejal municipal del distrito de José A. Faazardi en el departamento del Guaira, llegó hasta Asunción denunciando la tala indiscriminada de árboles en su comunidad. Denunciaron el hecho ante la Fiscalía Ambiental y el Instituto Forestal Nacional (INFONA) pero hasta el momento estas instituciones no investigan como corresponde, se desatienden de la realidad, dice el señor.

Los vecinos aseguran que se violenta el régimen simplificado, afirman que se violan las normas ambientales en las “narices” de los funcionarios que deberían controlar y hacer cumplir la ley.

La Municipalidad de Fassardi emitió una ordenanza prohibiendo la tala pero igual se siguen echando arboles. Giménez denunció igualmente que técnicos del Instituto Forestal Nacional maltratan a los vecinos que se oponen a la tala de bosques.

Nota de Abel Areco

Escuche audio: El concejal de San Ignacio Misiones Héctor Soto participó en la mañana de hoy de la asamblea del Frente Democratico del Pueblo para la renovación de sus autoridades. En conversación con el compañero Benigno Bordon, corresponsal de Radio San Roque González en San Ignacio analizó la situación de los sin tierras en el departamento de Misiones, enfatizó que en el departamento existen grandes extensiones de tierras pero lastimosamente en manos privadas.

“Estas tierras, la mayoría con excedentes fiscales están en manos de las empresas privadas que son apoyados por un gobierno capitalista que ha venido impulsando un modelo agroindustrial basado en la expansión de monocultivos a gran escala” lamentó Soto.

Autoridades del Frente Democrático del Pueblo presentaron una nota al titular del INDERT Lic. Justo Pastor Gaona denunciando de un excedente fiscal de unas 2000 hectáreas utilizado en forma indebida por el Ing. Cesar Zotti, la propiedad colinda con la colonia San Jorge de San Ignacio refiere la denuncia, esperan que la institución inicie los trámites para recuperar y asentar a familias campesinas en el lugar.