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Comunicado de la CONAMURI 

Se cumple el 5° aniversario de la masacre de Curuguaty. Cinco años de heridas todavía supurantes merced a un golpe de Estado que truncó un proceso por el cual la sociedad paraguaya empezaba a involucrarse protagónicamente en los asuntos públicos. Un lustro de injusticias para los sin tierras de Marinakue que vieron sus sueños ser sepultados aquel 15 de junio de 2012 tras las detonaciones de armas automáticas.

En este aniversario, la memoria se detiene para mirar el camino andado, uno construido con el apoyo de muchas organizaciones, articulaciones, colectivos nacionales e internacionales, y también individualidades, que se han conmovido y solidarizado ante la certeza del absurdo que constituye todo el proceso judicial que llevó a la condena a 11 campesinos y campesinas y ningún solo oficial de la Policía siquiera investigado.

Familiares, sobrevivientes, presas y presos políticos y los gremios de acompañamiento han sabido gritar por todo el orbe en el nombre de la justicia y la razón, han sabido acusar con fuerza a los detentores del poder real que se esconden entre siembras artificiales, en los montes pelados, o bien allende las fronteras patrias o enclavados en el pasado reciente y nunca muerto: esa oligarquía escondida en tierras arrasadas por la dictadura del latifundio, y estamos hablando de al menos 8 millones de tierras malhabidas.

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri queremos hoy recordar que las víctimas no fueron solo 17 personas: la lista se engrosa con el dirigente Vidal Vega, cuyo asesinato sigue latiendo impunemente; con la madre del joven campesino caído Luciano Ortega, doña Dominga Mora, quien murió de cáncer poco más de tres años después de la tragedia que enlutara el resto de sus días. Víctimas no mortales son también las viudas y sus hijos e hijas que no encuentran consuelo ante tanta barbarie, atropellos, tanta locura, ambición y desigualdad social. Víctima, igualmente, es la propia comunidad de Marinakue, ya que sobre ella se urdió un plan macabro para devastar los lazos familiares que daban sustento al reclamo colectivo de las tierras usurpadas por los Riquelme.

No podemos olvidar las balas que no rindieron cuenta, el silencio del helicóptero, las banderas negras allí donde estaba incrustada la esperanza, las huelgas de hambre, los nacimientos que se han dado en el cautiverio de madres presas, los encadenamientos frente al hospital militar, los desmayos en sala de juicio, la azada que esperó junto a la semilla recién plantada, el futuro negado a todo un país.

Tampoco olvidamos, ni por un segundo, que los asomos de una primavera democrática se cortaron con la reacción desproporcionada de las fuerzas represivas en Marinakue, en el marco de la criminalización de la lucha por la tierra y el terrorismo de Estado que obstruyó todo el tiempo el procedimiento judicial.

Recordamos todo esto no solo como ejercicio de la memoria sino más bien como una renovación del compromiso que hemos asumido con la causa Marinakue, la cual no descansaremos hasta verla coronada por el alcance de la justicia, por la adquisición de las tierras y por el sello de la libertad.

¡Por Justicia, Tierra y Libertad!

Marinakue, Pueblo Mba’e!

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMET lleva adelante un proyecto que se llama “Latinoamérica Piensa”, un programa de Televisión que se emite por A 24 de Argentina.

Se intenta dirigir y debatir con distintos dirigentes del campo popular, progresista de Latinoamérica sobre lo que ha sido esta década de transformaciones que vivió el continente y también el avance de la fuerza conservadora, en algunos casos a partir de los Golpes institucionales.

Cómo ha vivido Paraguay, Honduras, Brasil. En los primeros programas dialogaron con Lula Da Silva y con Dilma Rousef, expresidentes de Brasil, también entrevistaron Fernando Lugo de Paraguay. Harán lo propio con el presidente de Bolivia Evo Morales.

“Es decir conocer en primera persona las vivencias, los limites al desarrollo que han transitado nuestro continente y tratar de construir una agenda que nos permita debatir sobre las asignaturas pendientes, cómo se profundiza la distribución de la riqueza y oportunidad, cómo lograr configurar fuerzas sociales, políticas, sindicales, que le den garantías de transformación y permanencias a las transformaciones en este contexto tan complejo, donde algunos hablan de que estamos frente a un repliegue temporal o ante un fin de ciclo de gobiernos progresistas y populares”, explica el doctor Nicolás A. Trotta, Rector de la UMET, conductor del programa “Latinoamérica Piensa”

Vea Video

itaipu-represa-1024x649Remontándonos a la década de los 70, se suscribieron dos tratados ignominiosos. En ambos se nos trata (y aceptamos) como el hermanito menor que se contenta con caramelitos.

  • Los tratados NO SON EQUITATIVOS. Formalmente son simétricos con relación a ambos socios, pero en realidad ambos tratados están orientados a favorecer a nuestros hermanos mayores: Por ejemplo dicen: ¨Si una de las partes no usa toda la energía que le corresponde, puede venderla a terceros, dando preferencia a la otra parte … ¨. Obviamente, la aplicación es en un solo sentido, ya que tanto Brasil como Argentina necesitan de toda la energía producida y aún más. No tienen excedente que vender a terceros países. Paraguay en cambio no puede usar aún hoy, a más de 40 años de vigencia de los tratados, todo el cupo de energía que le corresponde. Es el único que tiene excedente de energía y por consiguiente Paraguay es el único que puede vender ese excedente.
  • Una de las cláusulas exige que si hay varios interesados en comprar energía, Brasil (Argentina) tiene preferencia de compra ante terceros países; o lo que es equivalente a decir, Paraguay venderá su excedente exclusivamente a Brasil (a Argentina).
  • Además, el precio de venta está prefijado en el tratado. ABSURDO! Lo que se firmó es equivalente a decir: Paraguay le venderá exclusivamente a Brasil (Argentina) el excedente que no utiliza a un precio fijo de xxx …
  • En un tratado equitativo, el precio de venta de la energía no utilizada debería actualizarse de acuerdo a las variaciones de ciertos valores de referencia, como el oro, el petróleo, el dólar, el precio de la energía eléctrica en otros mercados, etc.
  • En otra parte de los tratados dice ¨La Dirección la ejercen ambos socios, con un Director General y uno Adjunto, durando en sus funciones 10 años. El primer Director General será brasileño (argentino)¨. En cuarenta años de vigencia de los tratados, NUNCA HUBO un Director General Paraguayo. Y el Director General decide. Y el Director Adjunto qué? Un ejemplo reciente de las arbitrariedades que pueden hacer nuestros socios: la Argentina hizo funcionar las turbinas por encima de la cota máxima establecida en el tratado, recomendada por razones técnicas, a riesgo de provocar situaciones peligrosas en el funcionamiento mecánica de las turbinas y la disminución de su vida útil (además de mayor superficie inundada en nuestro país). Creo que situaciones como ésta no se deben permitir bajo ninguna circunstancia. Qué hizo nuestro país? Hubo protestas formales o se aceptó el atropello resignadamente?

El brazo Añacua, un capítulo aparte

  • El brazo Añacua está totalmente dentro del territorio paraguayo. Entonces, no entiendo por qué debe ser parte del tratado de Yacyretá. No tiene por qué ser objeto de negociación con Argentina.
  • Los posibles proyectos de este brazo deben ser manejados exclusivamente por Paraguay y ser llevados adelante de acuerdo a los intereses paraguayos y de nadie más. Su realización debe ser potestad exclusiva de Paraguay; y si nuestro país decide llevarlo adelante, debe hacerlo con la mejor oferta internacional que reciba de acuerdo a sus intereses con cualquier país y la energía resultante debe ser utilizada en provecho nuestro o vendida libremente a quien nuestro país desee hacerlo siempre teniendo en cuenta los beneficios que podamos recibir.
  • Como ahora Paraguay no necesita energía (le sobra) su realización no le debe interesar por ahora. El brazo Añacua debe ser una reserva para el futuro. Para nuestro futuro.
  • Sin embargo, el proyecto Añacua está atado al tratado de Yacyreta, lo cual implica: a) aumento de la ya abultada deuda de Yacyreta; b) Venta total de la energía producida a Argentina a precio fijado por el tratado, es decir a un precio irrisorio. De no realizarse este proyecto, Paraguay no se sentiría resentido por ello ni tendría un incremento de la deuda actual.
  • Lamentablemente no es así. En el Acta de Entendimiento se aprobó su maquinación para beneficio exclusivo de nuestro socio, con el consiguiente incremento de nuestra deuda. El proyecto Añacua no fue utilizado convenientemente como instrumento de negociación. Simplemente, se cedió.
  • Para nuestro país, la inversión que implica la maquinación de Añacua hubiera sido utilizada para otros proyectos de gran importancia para nuestro país, como por ejemplo, la extensión de más líneas de 500 KV a diversos puntos del territorio nacional, condición insoslayable para la utilización de la energía en nuestro territorio que ahora vendemos a precios irrisorios a nuestros socios; a ambos.

EL Acta de entendimiento se hizo entre cuatro paredes, se la firmó y tengo entendido que hasta ahora no ha sido enviada al Congreso para su análisis y eventual aprobación o rechazo. Esperemos que los Senadores muestren el patriotismo suficiente para defender los intereses nacionales y decidan lo que es mejor para nuestro país.

Ojalá que los senadores emulen lo que hicieron nuestros padres y abuelos que con grandes sacrificios y vidas defendieron la soberanía nacional.

Dedico estas reflexiones a tantos héroes cuyo comportamiento y patriotismo nos llenan de legítimo orgullo.
Por Horacio Feliciángeli

Escrito el 12 de junio, a los 82 años de la PAZ DEL CHACO.

Declaración Política del Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México

Las y los participantes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), condenamos este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, los tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.

Apostamos por la construcción de un nuevo modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que, con base, en la cooperación internacional y la soberanía de cada país, promueva la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno y el salario remunerador, independientemente del origen o condición migratoria.

Ya que desde la implementación del TLCAN en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder. Ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.

Cualquier tratado comercial debe revertir estas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte.

Hasta ahora, no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte y al medio ambiente que todos compartimos. Varios funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) como punto de partida, para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.

Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos no sólo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump. Por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial.

Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que emigran, así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la inseguridad.

Por estas razones, cualquier Tratado y proceso de negociación debe:

1) Avanzar a través de un proceso transparente, democrático y participativo en el que participen los pueblos y el poder legislativo de cada país.

2) Incluir en el texto del acuerdo normas laborales y ambientales claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se cumplan, y que vayan más allá de los estándares internacionales establecidos.

3) Eliminar los privilegios de los inversionistas extranjeros, así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS), así como respetar el derecho de los pueblos a ejercer controles democráticos sobre las políticas públicas en cada país.

4) Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia de los Derechos Humanos con base en los acuerdos y pactos Internacionales.

5) Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la equidad y la no discriminación como principios transversales, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

6) Garantizar la participación y el consentimiento previo e informado de las comunidades y pueblos originarios, con el fin de respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.

7) Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva transnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más países.

8) Garantizar la educación pública, gratuita, en todos los niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los tratados de libre comercio, pues no es una mercancía.

9) Impulsar una política industrial en América del Norte, que proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen norteamericano de componentes en industrias claves.

10) Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho a saber qué hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se produce.

11) Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad; la educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua, etcétera. Proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad pública de los recursos y los servicios.

12) Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos ejecutables para protegerlos, así como, garantizar su organización sindical.

13) Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico por violar los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento y medicamentos. Preservar un internet libre y abierto integralmente, evitar la criminalización de los usuarios finales e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.

14) Incorporar compromisos compartidos para mejorar la infraestructura pública y la sostenibilidad, en los tres países, promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos, equitativos y progresivos sobre los beneficios.

15) Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua. Se debe requerir a cada país que cumpla con su contribución determinada para el acuerdo de París sobre cambio climático.

Las organizaciones de la sociedad civil de América del Norte no aceptarán un TLCAN tóxico y cooperarán a través de las fronteras para monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean conquistados.

Fortalecer nuestro compromiso de trabajar conjuntamente e implementar un plan de acción trinacional; que incluirá un conjunto de manifestaciones, movilizaciones, campañas, declaraciones políticas y el uso de todos los recursos jurídicos, políticos y de cabildeo necesarios para lograr un nuevo modelo de comercio que anteponga a los pueblos y al planeta por encima de las ganancias de las corporaciones.

Con base en lo expuesto, convocamos a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable.

* Esta Declaración fue aprobada en lo general por unanimidad, por los participantes presentes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, celebrado en la Ciudad de México 26 y 27 de mayo de 2017.

 

Fuente: http://movimientos.org/

En el marco del día de las Luchas Campesinas, que se conmemora el 17 de abril, se realizó este pasado martes 18 en la ciudad de Asunción la “Plenaria por la Reforma Agraria y los Derechos Campesinos”, convocada por la CLOC-Vía Campesina Paraguay y el IALA Guaraní.

La CLOC-Vía Campesina Paraguay está trabajando, junto a otras organizaciones aliadas, sobre la propuesta de relanzar la Campaña por la Reforma Agraria, y las reflexiones surgidas de esta plenaria servirán como insumo para el sustento político de dicha acción.

El encuentro inició con una mística en la que se representaba a campesinos y campesinas trabajando la tierra junto a sus hijos e hijas y que fueron atacados por las fuerzas del orden, las cuales, además de atemorizar a los niños y las niñas con armas de fuego, expulsaron y encarcelaron a los adultos.

La presentación de la mística, como elemento disparador, hizo referencia a una realidad muy íntima que viven las comunidades campesinas e indígenas, una experiencia cotidiana que, por otro lado, se constituye en un alimento para las luchas y, sobre todo, para la jornada de reflexión colectiva, al colocar componentes para la discusión a través de lo simbólico. En este caso, la mística finalizó con una interrogante: Frente a esto, ¿qué hacemos?

Luis Rojas, investigador , planteó una serie de elementos para el análisis de coyuntura, haciendo hincapié en que nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre, donde se disputa la hegemonía de poder, enfatizando que detrás de la enmienda hay una puja intra-oligárquica, similar a las disputas entre Stroessner-Rodríguez, Wasmosy-Argaña, Wasmosy- Oviedo.

Esto supone un gran desafío para la construcción del poder popular que debe ser asumido políticamente en un escenario muy adverso, donde la derecha no solo controla el Estado y concentra los medios de producción y comunicación, sino que además se disputa los negocios ilegales, que no son otra cosa que un síntoma más del sistema capitalista y su capacidad de dinamizar sus estrategias en momentos de crisis, evidenciándose así la ausencia del Estado de Derecho. Esas disputas instalan una agenda mediática que concentra la atención, mientras tanto hay importantes recursos y negocios que acontecen en el más absoluto y cómplice silencio.

Esa simple pregunta planteada en la mística de apertura proyectó muchas otras interrogantes que se desplegaron como una invitación a reflexionar sobre los grandes desafíos del campesinado en Paraguay y conduciendo hacia la necesidad, cada vez más urgente, de una Reforma Agraria integral y popular.

Se analizó, así también, el documento de la Declaración de los Derechos Campesinos que se está discutiendo actualmente en la ONU, por impulso de La Vía Campesina entre otras organizaciones, movimientos e instituciones afines.

En ese sentido, las y los presentes arribaron a la conclusión de que los derechos campesinos son un instrumento para exigir la instauración de la Reforma Agraria en el país y la región, una forma de encauzar nuevamente las fuerzas populares a nivel internacional hacia el combate de la criminalización de la lucha social.

Esto se configura en una necesidad no ya circunscripta al campo, sino que trasciende a las ciudades desde el momento en que con la Reforma Agraria se garantiza la producción de alimentos sanos y se tiende a frenar la migración interna, lo cual termina beneficiando a toda la sociedad.

Estuvieron presentes delegados y delegadas de la CLOC-Vía Campesina Paraguay: Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri; además estudiantes y Coordinación del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní, la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), la Organización Campesina del Norte (OCN), la Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Paraguay (CCVAMP), Base Investigaciones Sociales, Movimiento Desde Abajo, Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (Maipy) y el Movimiento 138 (Argentina).

 

Fuente: https://clocvcparaguay.wordpress.com/2017/04/19/reforma-agraria-una-necesidad-para-el-campo-y-la-ciudad/

En el marco del día de la lucha campesina y el día de la solidaridad con los presos políticos, que se conmemoró el pasado 17 de abril, se tiene previsto realizar el lanzamiento del epistolario “Desde nuestro rincón de lucha: Una década de injusta prisión”, a llevarse a cabo el viernes 21 del corriente desde las 18:30 horas en el local de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri, sobre Montevideo 1420 e/ Milano y Sicilia.

El material recoge cartas escritas y recibidas por los Seis Campesinos, presos políticos del sistema judicial paraguayo: Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera.

Escribe la educadora popular Claudia Korol en la introducción: “Una década de prisión, sufriendo el castigo por un crimen que no cometieron.

Una década viviendo la venganza cruel del poder narcosojero, que los tiene como rehenes para extorsionar la conciencia de lucha popular. Una causa armada para criminalizar al movimiento campesino y sus luchas históricas.”

Para el reconocido luchador social Francisco “Pa’i” Oliva: “…este libro expresa, ante todo, con mucha fuerza, la alegría, el compañerismo, el empuje de las grandes causas, las luchas y esperanzas, por las que vale la pena luchar y que llenan la vida de estos seis compañeros.”

La presentación forma parte de la Campaña “Libertad a los Seis Presos Políticos”, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el caso que involucra el encarcelamiento de estos dirigentes campesinos y a la vez interceder ante los órganos competentes nacionales e internacionales en busca de justicia y libertad.