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PRONUNCIAMIENTO DE LOS JESUITAS EN FAVOR DE LOS RECLAMOS DE LOS CAMPESINOS

En este comunicado queremos manifestar nuestro apoyo a las campesinas y campesinos que siguen firmes en su lucha pacífica para que sean respetados sus derechos. Los campesinos piden al gobierno la condonación de deudas racionales. En un país como el nuestro, todavía con miedo cuando se trata de reivindicar con libertad sus propios derechos, los campesinos siguen siendo la vanguardia de la lucha pacífica por la justicia y la igualdad de todos los paraguayos.

Todos ganamos con su perseverancia. Queremos también expresar lo siguiente:

Hay un grave agravio y una clara injusticia en contra de los campesinos en el manejo de este tema por parte del gobierno y sectores de la sociedad, algunos incluso son de procedencia campesina. Es parte fundamental de una democracia, incluso estrictamente formal como la nuestra, que los diferentes sectores sociales tengan el derecho a exigir al gobierno de turno políticas que beneficien su sector. Este derecho se ha puesto en práctica con éxito varias veces durante los últimos gobiernos, incluido el actual. Se movilizaron los dueños del transporte público y consiguieron subsidios, al menos en dos oportunidades, por más de 100 millones de dólares. Los beneficiarios fueron un reducido número de personas. Cabe decir que estos subsidios no impidieron el alza del pasaje; tampoco implicó mejora significativa en la calidad del servicio.
Beneficiada fue también la azucarera Iturbe. El subsidio estatal alcanzó 15.000 millones de guaraníes (UH 11/8/2014). No podemos saber cuántos han sido los reales beneficiarios de esta suma de dinero subsidiado. Sí sabemos que este recurso no llegó a muchos de los pequeños productores de caña de azúcar de la zona, verdaderos perjudicados de la quiebra. TIGO es una de las empresas transnacionales más poderosas del país. Últimamente fue noticia por el aval del BID para un préstamo con fondos provenientes del sudor de los trabajadores del país: el IPS. Se trata de 66 millones de dólares concedidos con la tasa de interés más baja del mercado (ABC, 4/ 7/2017).

Otro caso, quizá el más paradigmático, es la subvención a los sojeros. Los grandes propietarios probablemente no pasen de un millar de personas, pero se han hecho con el uso y abuso de amplios territorios y controlan prácticamente el 80 por ciento de las tierras más fértiles del país. El escándalo llega a tal punto que los territorios indígenas, que según la Constitución de 1992, no pueden ser arrendados y es delito hacerlo, son de hecho invadidos y usurpados con los más diversos motivos en connivencia con los poderes del Estado.

El modo de actuar del agronegocio, protegido y auspiciado por varias instancias de gobierno, incluido el legislativo y judicial, conduce al acaparamiento de las tierras y desaparición de la valiosa producción de los campesinos y su misma existencia. Esto significa más éxodo rural, más pobreza, más desarraigo, menos capacidad de producir alimentos y mayor dependencia.

Nuestra autonomía alimentaria es cada vez más frágil. Lo que está en juego es la pervivencia de la agricultura familiar, el valor difícilmente sustituible de su producción con costos muy reducidos y gran sustentabilidad ecológica. El agronegocio ha montado un verdadero imperio en base a privilegios, desde que se instalaron en los `90, hasta la actualidad. Junto con los transportistas, entre el año 2000 y 2008 dejaron una deuda, subvencionada por el Estado, de más de 300 millones de dólares a PRETROPAR. Se les ha privilegiado con millones de hectáreas de tierra mal habidas o destinadas a la reforma agraria; se les ha reducido el impuesto inmobiliario, se les ha permitido pagar el 5 % de IVA mientras que el resto de la población paga el 10; se les ha permitido no gravar su producto, a pesar de las gravísimas consecuencias ambientales y humanas que produce (R. Canese a Ñanduti (6/8/ 2017), (E´A, 4/8/2017). Para el presente año ya han tenido una subvención de 37 millones de dólares para combustible.

Queremos expresar con firmeza que este modo de subvencionar y de privilegiar a las elites más pudientes produce escándalo. Se perjudica y se margina a los más indefensos, a los ya empobrecidos, los que más necesitan y que son la mayoría. Con tal práctica se vulnera no solamente la dignidad humana, sino uno de los principios básicos de cualquier democracia.

Ellos son gente humilde que exigen sus derechos; no buscan privilegios, ventajas o lucro, sino seguir trabajando y produciendo en rubros agrícolas que hoy se encarecen debido a que tienen que ser importados. El día en que falten los campesinos habrá que reinventarlos.
Las políticas de gobierno deberían tomar en serio los problemas que aquejan el campo; que busque soluciones reales a sus necesidades y evitar lo que todavía puede ser evitable: la desintegración de una dimensión esencial para el país: la vida rural y todo lo que ésta significa. No ama al país quien no ama a toda su gente.

Somos conscientes de que el fortalecimiento de la agricultura familiar es un problema complejo, que rebasa por completo la aprobación de una ley de condonación. El Paraguay necesita del mundo campesino y éste necesita leyes que favorezcan y mejoren sus condiciones de vida, así como diversas políticas para aumentar la capacidad productiva de los alimentos básicos y otros productos que el Paraguay y la región necesitan.

El Papa Francisco nos dice en la Encíclica Laudato Si: “Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que siguen alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal.” (n. 129)
Solicitamos, tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo, que reconsideren los pedidos de los campesinos enfrentando los problemas reales del campo y tomando decisiones que sean justas, equitativas y den soluciones más definitivas a dicha problemática.

Asunción, 12 de agosto del 2017.

Referentes de organizaciones de la sociedad civil y cultural de Paraguay se entrevistaron ayer por la mañana con el presidente del Congreso, Fernando Lugo, para expresar el apoyo a la iniciativa de ley y para exigir que el Legislativo la promulgue.

Se trata de una articulación de personalidades del arte, la cultura, las ciencias, la investigación, la literatura y trabajadores de distintos sectores, que se consideran comprometidas con la justicia social de Paraguay.

Participaron de la audiencia Mirta Barreto, Luis Ortiz, Carlos Flecha, Pali Kurtz, Chondi Paredes, Chiquita Barreto, Ticio Escobar, Silvio Rodas, Ricardo de la Vega y Teresa González Meyer, en representación de cerca de 300 personas e instituciones que firmaron una nota con los pedidos.

Explicaron al titular del Congreso y a la prensa que están a favor de la promulgación de la ley, porque la misma está relacionada con derechos elementales de las familias agricultoras. También manifestaron el rechazo al veto presidencial.

Expresaron su preocupación por el escenario de estigmatización y racismo que se generó en las últimas semanas y señalaron que lo que está amenazada en este momento es la sobrevivencia del campesinado, un actor social estratégico que alimenta al resto de la sociedad paraguaya y expresa la cultura nacional.

“Obviamente, el subsidio no es la solución para los innumerables problemas campesinos derivados del histórico despojo y la falta de políticas públicas. Es, sin embargo, el punto de partida que debe ser complementado con infraestructura y servicios, asistencia técnica, créditos, mercados”, dice la nota que entregaron.

Fernando Lugo valoró la presencia de estos sectores en el actual debate y dijo que el proyecto de ley está técnicamente bien hecha, que es viable. Dijo que tratarán de llamar a sesión cuanto antes porque ya no se le puede hacer esperar a los campesinos. “Ojalá tenga una salida digna” , dijo.

 

Fuente: BASE IS

El grupo de campesinos movilizados esta mañana nuevamente no pudo marchar, incluso sin sus palos , como parte del proceso de negociación con la policía. Pero luego, las fuerzas de seguridad dicen que está vigente la ley del marchodromo, por tanto sólo se puede marchar pasado las 19 horas.

Se cumplen 32 días de la presencia campesina en Asunción

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Escuche audio:

750d534e-b853-4a43-841a-74dbc22ab770Lucio Godoy, del asentamiento “Bello Horizonte” ubicado en la compañía Rolon en el distrito de Caraguatay del departamento de la Cordillera comenta que él junto con otros 17 personas fueron procesados y ahora soportan un juicio oral y público, consecuencia de la lucha realizada por acceder a un pedazo de tierra.

Escuche audio:

Foto: RTV

Foto: RTV

Tras aprobarse una política determinada como los subsidios, hay que conseguir los fondos.

Para el economista Luis Rojas, el Estado paraguayo necesita recaudar más, sería conveniente recomendar por el ejemplo el impuesto a la soja, aumentar otros como el impuesto inmobiliario o el impuesto a la renta de las empresas, bajar la evasión. “O sea de dónde conseguir nuevos recursos hay”, dice.

Otra medida que los gobiernos recurren para conseguir más fondos es el endeudamiento y en el caso del presidente Horacio Cartes bajo su gobierno el Estado viene endeudándose entre 600 a 700 millones de dólares por año y parte de ese endeudamiento incluso no está utilizado, se encuentra depositado en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central del Paraguay BCP, dinero que todavía no se utilizaron que bien podrían destinarse para el subsidio a las familias campesinas, afirma Rojas

Otra forma para fondear el subsidio campesino sería la de reorientar partidas presupuestarias para este fin, por ejemplo ver los aportes realizados a los Partidos Políticos que con el tiempo se nota que es un recurso económico que no reditúa mucho a favor de la ciudadanía.

También podría analizarse la posibilidad de la utilización de los fondos del Fonacide, donde probablemente hay mucha plata que se está mal utilizando, entonces ese dinero se podría reprogramar y redireccionar para el subsidio campesino

Rojas asegura que el Estado dispone de Dinero suficiente, tiene recursos para costear subsidios mas todavía considerando que muchos de los fondos públicos se mal utilizan, lo que hace falta es voluntad política. “El tema es, queremos o no apoyar a los campesinos”, puntualiza

Otro ejemplo que el economista colocó de cómo el Estado dispuso de partidas presupuestarias para responder a las demandas es el caso del programa “Tekoporä” que en un principio no tenía los fondos necesarios y se consiguió el dinero para satisfacer a sus compromisos. En el caso del programa de Adultos Mayores tampoco se tenían partidas presupuestarias suficientes y de igual manera se consiguieron los fondos. Es la misma dinámica que se hacen para otros programas del Estado como las políticas de viviendas o construcción de caminos

El monto previsto para el subsidio a campesinos, un poco mas de 30 millones de dólares, es una cifra infirma considerando el presupuesto global manejado por el Gobierno. En materia de endeudamiento en los últimos tres años, bajo el gobierno de Cartes, el Estado se endeudo en el orden de los tres mil millones de dólares.

Un último ejemplo que Rojas pone para analizar de dónde saldrán los fondos para el subsidio campesino son las ejecuciones presupuestarias de las instituciones estatales, donde algunas ni siquiera, a esta altura del año, llegan al 50 por ciento. En las entidades públicas hay remanentes que podrían ser re direccionados para esta finalidad, indicó

(Por Julio César Benegas Vidallet) Solo el 6 por ciento de las tierras cultivables pertenece a las familias campesinas. El resto está usurpado por la ganadería intensiva extensiva, las semillas trasgénicas, noreste, y ahora el arroz mecanizado avanza, en el Sur, contaminando arroyos, manantiales con sus fumigaciones y desechos que envían a los ríos y cauces naturales.

En ese 6 por ciento se produce el 60 por ciento de lo que comemos: maíz, poroto, hotalizas, mandiocas, poroto manteca. Hoy, la mayoría de la gente en el campo le debe a financieras privadas que han visto en sus tierras una garantía para especular con ellas, venderlas a sojeros y arroeceros, principalmente. Más del 30 por ciento de nuestra población vive en el campo y solo el 2 por ciento de la población del país es propietario del 90 por ciento. El mundo campesino, con sus pequeños bosques, sus arroyos, sus humedales, sus azadas y sus bueyes, está en extinción.

Asistimos a la última etapa de destierro masivo para que esa otra forma de organización del capital, altamente mecanizado, que utiliza poquísima mano de obra y que procesa nada la materia prima, avance por los últimos rincones donde viven comunidades indígenas y campesinas. Ese mundo, tal cual, no pasa ni podrá pasar de las herramientas feudales como la azada y el machete, al manejo de la tecnología.

Esta se ha concentrado en las grandes empresas de silos y tractores, y llanos inmensos de pasturas, lejos del antiguo mundo rural. En ese mundo las rutas se hacen pensando en el transporte de sojas y ganados, la seguridad se organiza para defender a los colonos brasileros que actúan de infantería de grandes grupos de capitales como los Favero, los Zucolillo, los Cartes, en línea de acumulación que tiene a Montsanto, Cargill, Bunge, Sigenta a la cabeza.

A este modelo el gobierno, las corporaciones y sus grandes medios llama progreso. Lo que es destierro, desahucio es progreso, es desarrollo, es nambre. Sus perifoneros se ponderan foros el crecimiento económico en el país, sus voceros hablan de la buena salud de las finanzas, de lo bueno que es endeudarse con la banca de Nueva York, alquilar por migajas el predio de Radio Nacional o el Puerto de Villeta.

Como se trata de una avanzada territorial, es decir, el territorio que queda es el que ocupan los campesinos, éstos aparecen como los malos de la película, los haraganes, los retrasados, los que no saben luego cómo manejar su dinero y su producción. Entonces, se les enseña educación financiera en módulos que favorecen la posibilidad de convertir en activo financiero sus tierras, como cualquier otro activo, como un auto o una moto.

El actual gobierno lleva adelante un programa que se denomina sembrando oportunidades, negando hablar con las asociaciones, con los comités de productores y con las organizaciones de base. Cada cual debe vérselas solo,sólo con el Estado,con las financieras,con el mundo. Así ya han logrado que la mayoría de los créditos ya sea con financieras privadas que saben que ellos no tienen capacidad de devolver la plata. Saben y por eso le dan. Lo que quieren es justamente eso, que no puedan pagar para quedarse con sus tierras y venderlas a los sojeros, a los narcoganaderos. Por ahí va la cosa. “No sé si me entendés”, he’i Ulises Silva M.

 

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