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Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo
Montevideo, 16-18 de noviembre 2017

Declaración de Montevideo
Los movimientos, organizaciones sociales y diversas expresiones del campo popular de las Américas, herederos y protagonistas de las luchas contra el imperialismo y los regímenes militares en América Latina y El Caribe, que nos levantamos contra la agenda neocolonial de libre comercio, privatización, saqueo y pobreza representada en el derrotado proyecto del ALCA, reafirmamos los principios de solidaridad e internacionalismo que nos unen, así como el compromiso de seguir luchando por una transformación sistémica contra el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo.

Reunidos en el Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, realizado en Montevideo, Uruguay, entre los días 16 al 18 de noviembre, luego del intenso intercambio de experiencias y luchas, ratificamos la agenda unitaria y de articulación de fuerzas sociales y políticas que acordamos en el Encuentro de La Habana, en noviembre de 2015.Reafirmamos la necesidad de re articular las diversas alternativas e iniciativas populares para enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal.

El avance del Capital sobre los pueblos y sus territorios nos muestra que capitalismo, racismo y patriarcado forman un modelo entrelazado de múltiples dominaciones. La nueva ofensiva de fuerzas neoliberales profundiza los mismos mecanismos de acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos. Las tasas de ganancia son garantizadas por ajustes que se sostienen sobre más trabajo sin derechos y sobrecarga de trabajo no pagado de las mujeres, que garantizan que la vida se sostenga en el marco de la precarización acelerada de sus condiciones de vida. Las Empresas Transnacionales (ETN), y las elites nacionales asociadas, son las mayores beneficiarias del modelo de globalización neoliberal. La arquitectura de esta dominación se expresa en los tratados de libre comercio y de inversión de nueva y vieja generación cuyo garante es, entre otros, la Organización Mundial de Comercio (OMC).

A su vez, el sistema de endeudamiento perpetuo es un mecanismo de dominación, de condicionamiento del modelo productivo y de expropiación de los recursos públicos y bienes colectivos, al mismo tiempo que profundizan el lucro de las elites locales, cada vez más corruptas y dependientes del sistema financiero internacional.

Esa misma alianza es la que agudiza la disputa entre el proceso de acumulación permanente del capital y los procesos de sostenibilidad de la vida, generando una explosión de conflictos socio-ambientales en la región, facilitando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de grandes masas de campesinas y campesinos y pueblos originarios, creando una crisis migratoria, ambiental y alimentaria. Al profundizar los procesos de financierización de la economía y de la naturaleza, se están destruyendo las bases nacionales y las competencias soberanas de los estados para desarrollar políticas públicas ambientales y laborales en favor de los pueblos.

Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de los derechos humanos se han convertido en un obstáculo para esa dinámica del capital. Eso explica la reducción de los espacios de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular, la criminalización y judicialización de la política, cuya expresión culminante, entre otros, ha sido el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff y la pretensión de impedir la candidatura del expresidente Lula da Silva en Brasil.

El proceso de monopolización, concentración y control de la información y la tecnología por parte de corporaciones mediáticas, con ramificaciones hacia otras ramas de la economía, es un atentado a las bases de la democracia. Ya que en un mundo globalizado quien controle y distribuya la información tiene poder incluso por sobre los poderes políticos y la soberanía popular.

La derecha continental pretende avanzar en la precarización de las relaciones laborales y la eliminación de la negociación colectiva, la desregulación de las contenidas en las reformas brasileñas y argentinas, así como la ofensiva de la patronal uruguaya contra la negociación colectiva en la OIT, son claros ejemplos de esa estrategia.

Este nuevo avance conservador y reaccionario refuerza discursos de odio y misoginia concretizados en prácticas racistas y discriminatorias contra afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y la población joven de los sectores populares. El control sobre los cuerpos y la sexualidad se impone con feminicidios, criminalización del aborto, violencia contra las mujeres y la población LGBTI. Las políticas xenofóbicas, racistas y de criminalización de los migrantes que se han instalado en el discurso político en EE.UU y la Unión Europea, son peligrosamente imitadas por la derecha fascista de América Latina y el Caribe.

A esto hay que sumarle el ataque a los derechos humanos, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de estado de ayer se convierte en base fundante de la impunidad de hoy del gran capital.

Como parte de esa avanzada, el gobierno de los EE.UU. pretende reforzar su influencia imperial en la región y despliega una política de intervencionismo abierto que, utilizando todos los dispositivos diplomáticos, culturales, económicos y militares, ataca la soberanía de los países de la región. La estrategia de militarización a través de la ampliación de bases militares y la presencia de tropas con ejercicios “humanitarios” ocultan la pretensión de control territorial sobre los bienes comunes estratégicos de la región. La permanencia de fuerzas de seguridad extranjeras en Haití, como parte de la nueva misión de la ONU, Misión de Naciones Unidas para la Justicia de Haití (MINUJUSTH), continúa la ocupación de ese pueblo y responde a esta misma lógica.

Esta estrategia imperial se condensa en la guerra multidimensional contra Venezuela, que tiene momentos de violencia paramilitar, de bloqueo económico, asfixia financiera, sanciones internacionales, criminalización mediática y aislamiento diplomático.

El grave incumplimiento de los acuerdos de La Habana que pone en serio peligro al proceso de Paz en Colombia y profundiza la violencia en la ocupación de territorios por parte de fuerzas paramilitares, con el recrudecimiento de los asesinatos cada vez de líderes sociales populares. A su vez se ve estancado el proceso de dialogo con el ELN por parte del gobierno, que desconoce al mismo tiempo la participación de los sectores agrarios, campesinos y afros en dicho proceso.

Por otro lado, el imperialismo continúa el ataque a los procesos que mantienen gobiernos progresistas y de orientación popular, recrudece el criminal bloqueo contra Cuba y hace retroceder el proceso de normalización de las relaciones entre EEUU y la isla; toma medidas contra el gobierno de Nicaragua; impulsa el sabotaje a la gestión del gobierno de El Salvador; y asedia al gobierno de Bolivia.

También se ve amenazada la nueva institucionalidad regional impulsada los últimos años, como UNASUR y CELAC, que aun con déficits en sus contenidos y participación, constituyen esfuerzos importantes hacia una integración no subordinada a la política de EE.UU., hacia la región. Así mismo denunciamos los retrocesos que afectan el proceso de Mercosur y lo reorienta a la agenda del neoliberalismo.

Reivindicando las importantes conquistas sociales y políticas obtenidas por los gobiernos populares en los últimos años, reconocemos limitaciones que enfrentamos en estos procesos, especialmente la falta de reconocimiento de la importancia de la movilización social organizada para avanzar en esa transformación y superar la lógica depredadora del sistema capitalista.

Desde Montevideo y bajo el influjo enriquecedor de haber compartido las diferentes experiencias de lucha y resistencia y creatividad, de comunidades, colectivos y organizaciones que construyen formas diversas de enfrentamiento al poder del capital y de alternativas solidarias desde y para los pueblos, ratificamos nuestra apuesta a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, como proceso amplio, diverso, plural y unitario y espacio de articulación de las resistencias y alternativas de nuestros pueblos.

Es fundamental reforzar la acción política de movilización, organización y lucha desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas e impulsar un proyecto político de unidad de transformación de carácter popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza, sin acceso a la información y la justicia.

Continuaremos luchando por la integración de nuestros pueblos y naciones reivindicando nuestra diversidad cultural, social, política y económica, colocando en el centro los derechos de los pueblos.

Enfrentaremos la ofensiva reaccionaria, afirmando la libre circulación de las personas y el reconocimiento de la ciudadanía universal.

Asumiremos la defensa innegociable de la autonomía y libertad de las mujeres, la lucha para poner fin al feminicidio y todas las violencias machistas, también afirmamos el derecho al aborto legal, público y seguro.

Enfrentaremos a las empresas transnacionales y sus estrategias de captura y sometimiento de las instituciones democráticas, promoviendo acciones concretas para reducir el espacio que tienen para evadir y eludir sus responsabilidades.

Nos movilizaremos para que se establezcan instrumentos nacionales e internacionales que impidan que los derechos de las empresas tengan primacía sobre los derechos humanos y de los pueblos, participando del proceso para la adopción de un Tratado Internacionalmente Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y DDHH.

Impulsaremos una integración popular que respete la diversidad de nuestras culturas. Que se construya desde la participación protagónica de nuestros pueblos. Que defienda la paz y la autodeterminación en nuestros territorios, libre de bases militares e intervencionismos, con complementariedad de las economías y relaciones de solidaridad y cooperación.

Continuaremos reivindicando la reforma agraria integral y popular, como proceso que garantice a los y las campesinas el acceso a la tierra, el agua y el territorio así como la protección de la semilla criolla, y de los saberes ancestrales fomentando de esta manera el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología para alimentar a nuestros pueblos.

Continuaremos impulsando la articulación de nuestros medios alternativos y populares bajo una estrategia de comunicación coordinada y también sostendremos la lucha por la democratización de la comunicación en cada uno de nuestros países como una forma de limitar el poder mediático en la región. Enfrentaremos el poder de las transnacionales defendiendo la internet libre y las tecnologías libres.

Mantendremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho soberano a desarrollar su proyecto social, político y económico sin agresiones, ni injerencias, con garantía de la paz y el respeto de sus instituciones.

Desde Montevideo, convocamos a todos los actores sociales que no hacen parte de la Jornada y a las fuerzas políticas del continente para construir de conjunto una estrategia que nos permita fortalecer la movilización popular y las luchas en la región.

Ese camino de unidad es condición para trascender los marcos de la economía dominante y plantear otras formas de organizar las relaciones sociales, productivas y reproductivas que, asentadas en la igualdad, la solidaridad y la justicia social y ambiental, construyan la soberanía alimentaria y energética de nuestros pueblos y la vida digna en nuestros territorios.

En Tal sentido nos convocamos a:

Movilizarnos para repudiar la Cumbre Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017.

Año 2018

Movilización unitaria de todos los movimientos el 8 de marzo

Estar presentes y colocar nuestra agenda contra el libre comercio y las transnacionales en el Foro Mundial Alternativo del Agua (FAMA), Brasilia, marzo.

Movilización unitaria de todos los movimientos el 1ero. De mayo.

Movilizarnos para denunciar la realización de la Cumbre de las Américas en Lima, en junio de 2018, como escenario en el que se pretende reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el continente.

Organizar nuestra acción unitaria alrededor de la Cumbre del G20 en Argentina, segundo semestre de 2018.

Finalmente llamamos a todos los pueblos del continente a movilizarnos de manera unitaria, combativa y solidaria en todos nuestros países la semana del 19 al 25 de noviembre, reivindicando la agenda acordada en el Encuentro de Montevideo, como expresión de la acción de nuestros pueblos en Defensa de la Democracia y Contra el Neoliberalismo.

Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo,
18 de noviembre de 2017, Montevideo, Uruguay

A raíz de las publicaciones que cobraron estado público en medios masivos de comunicación, sobre el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que involucran al Senador Oscar González Daher, agentes fiscales, un abogado y ex Ministro del Interior, y al secretario del órgano de enjuiciamiento, entre otros, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresa cuanto sigue:

1. Los infames diálogos dados a conocer en los últimos días no sorprenden a nadie y son una muestra cruda de la corrupción que se ha apoderado de la justicia; una constatación de cómo la justicia opera a favor de las mafias; una descripción detallada del modus operandi de dirigentes que provienen de la ciénaga política, tal el caso del Senador Oscar González Daher, que a juzgar por los audios es quien instrumenta a su antojo a fiscales venales, según las conversaciones publicadas.

2. Preocupados por esta inveterada situación que tiene herida de muerte a la democracia, el pasado 23 de octubre la Codehupy exponía en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la falta de garantías de independencia de la justicia en Paraguay, y sus implicancias en el debido proceso, señalando justamente la instrumentación política de procesos judiciales y actuaciones fiscales, así como la digitación partidista de candidatos/as a la judicatura y el Ministerio Público, como manifestaciones claras de este fenómeno destructor de la República.

3. Entre tanto, casi sin ninguna reacción significativa de la clase política, el Senador González Daher está nuevamente ubicado en un privilegiado lugar de la lista parlamentaria encabezada por el Presidente Cartes, que le asegurará la continuidad de sus fueros durante la próxima legislatura, en un claro ejemplo de la protección política que recibe de la alta jerarquía colorada, a cargo del Poder Ejecutivo.

4. Asimismo, la persistencia del sector partidario al que adhiere el citado Senador, en designar como fiscala general del estado a la abogada Sandra Quiñonez, también debe preocupar muy seriamente a toda la sociedad, pues se trata, a la postre, de un intento más por copar los altos cargos de la justicia con personajes títeres que seguirán al servicio de inescrupulosos, listos y listas para recibir los dictados las mafias.

5. En este sentido, es menester decirlo directamente: si no se actúa en defensa de la institucionalidad de manera clara, sancionando a todos los responsables, en adelante, cualquier fallo o decisión jurisdiccional, así como quienes los pronuncian, estarán bajo la sospecha legítima de la sociedad, cuya ira difícilmente podrá ser contenida en un momento dado. El tráfico de influencia genera la anomalía política actual, ocasionando el desencanto de la ciudadanía con la democracia misma, al ver el atropello cotidiano del derecho y las instituciones de la República.

6. Por último, así como lo dijéramos en la CIDH, y lo repetimos aquí: La independencia del Juez (o del fiscal/a) hace a la garantía de imparcialidad; y, simétricamente, el juzgamiento en base al derecho, y no en base a las relaciones de poder existentes en la sociedad, hace al debido proceso, sin el cual, los derechos humanos estarán siempre en riesgo.

Asunción, noviembre 16 de 2017

Por la Coordinación de Turno:

Vidal Acevedo, del Serpaj-Py (Servicio Paz y Justicia – Paraguay); Francisco Benítez, de la Red de ONG’S que trabajan VIH/SIDA; y, Victor Bareiro, de SEIJA (Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario).

Oscar Ayala Amarilla
Secretario Ejecutivo

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Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
Fulgencio R. Moreno N° 1.048 e/ EE. UU. y Brasil
Telefax 595 21 200 356 y Cel. 595 971 1726.000
codehupy@codehupy.org.py
www.codehupy.org.py
Asunción, PARAGUAY

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Comunidades afectadas por el cultivo de la soja, ayer jueves 16 de noviembre, realizaron una movilización por las calles de la ciudad de Loreto – Concepción – repudiando la actitud de los sojeros quienes no respetan los derechos humanos de la población. Participaron delegaciones de localidades vecinas como Arroyito, Horqueta, Belén, entre otras

Durante la protesta fueron las mujeres quienes más reclamaron que sus derechos sean respetados. Pidieron a los sojeros que ya no pulvericen con venenos sus comunidades. “Ustedes no aman la vida por tanto exponen a las comunidades a la muerte, carecen de dignidad humana”, decían las mujeres.

Vale mencionar que los pobladores de la comunidad “Torales-San Roque” en el distrito de Loreto igualmente se encuentran acampados, bajo carpas, resistiendo al cultivo de la soja.

Informes de Radio Campesina “OCN Comunicaciones”

 

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Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina – FNC – en diálogo con DEMOINFO Py, significó que los sin tierras en Paraguay actualmente no tienen la más mínima posibilidad de acceder a la tierra debido a la carencia de una política de gobierno garantizando la tenencia de la misma. Se concentra la tierra en pocas manos.

Los sin tierras no tienen posibilidades para desarrollarse, carecen de los servicios básicos como salud, educación, vivienda, y si no tienen garantizados el acceso a la tierra, tampoco se garantizará la producción campesina, no se tendrá alimentos sanos para el pueblo, dio la mujer.

 

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Es parte del análisis dado por el sociólogo Ramón Fogel en el marco del Debate Nacional Sin Tierras organizado por la Federación Nacional Campesina en Asunción.
Consultado su parecer sobre la realidad de la tierra el sociólogo cuenta que actualmente en Paraguay la situación cada día es mas preocupante- Ahora no solo la tierra está en disputa sino el territorio de la gente, los paraguayos deben abandonar sus tierras para que otras personas, no sabemos quiénes, se apropien de ella, dijo al puntualizar que en el país en gran parte el control del territorio se encuentra en manos de extranjeros. los expulsados son los paraguayos.

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Así manifiesta la señora Ángela Olmedo de la localidad de Guayaiby – San Pedro e integrante de la Federación de Mujeres del Paraguay FMP. En el campo la desintegración de la familia campesina principalmente se da por la falta de oportunidades provocando la migración forzosa de las madres jefas de hogar y los hijos quedan a cargo de las abuelas.

Para el próximo 25 de noviembre Mujeres campesinas que forman parte de la Articulación Mujeres Libres de Violencia exponen sobre su realidad y se refieren a las causas de la destrucción de las familias campesinas y por qué se suman a la movilización del #25N. Reivindican la agricultura familiar campesina, la no criminalización de las luchas de las mujeres campesinas.

Las campesinas luchan por la tierra, hay mujeres imputadas, incluso se encuentran privadas de su libertad, dijo la señora Ángela. Si realmente se tuviese una política de Estado, fomentando la agricultura familiar bien se podría evitar el desarraigo familiar, puntualizó.