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Bajo el título de “Un golpe mortal de la UGP y Ferreira a la Agricultura Familiar Campesina” la Sociedad de Economía Política del Paraguay dio a conocer un comunicado a la opinión pública por el cual denuncian al ministro de Hacienda Manuel Ferreira y a los empresarios agrupados en la Unión de Gremios de la Producción UGP de impulsar reformas tributarias al solo efecto de introducir modificaciones en la carta orgánica del INDERT que dejarían a esta institución sin los recursos que hoy le corresponden por ley, provenientes de la recaudación del IMAGRO y de los royalties y compensaciones. 

Según el comunicado con esta acción se pretende “darle una suerte de certificado de defunción a la reforma agraria y abrir el camino a la expansión de la frontera destinada a la producción de soja sobre los territorios campesinos, aumentando la riqueza de unos pocos y la miseria y el abandono de miles de campesinos y campesinas”.

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Los agricultores de BELEN están en la mañana de este sábado en Pilar, hacia el sur a casi 360 kilómetros de la capital Asunción, con sus productos en la plaza del Barrio Obrero y en la plaza de Armas. 

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Comprender el concepto de derechos humanos parece no ser la cualidad de las autoridades de salud de nuestro país, ni del saliente ministro ni del candidato a serlo. Los dos Antonio, sin pudor alguno, han hecho declaraciones sobre la insostenibilidad de la gratuidad y la universalidad dejando el mensaje claro: “hay que volver a cobrar los aranceles“.

La salud es underecho humano fundamental. Lo sabemos naturalmente. Está en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Un derecho humano es un bien público y por ende es responsabilidad del Estado y nosotros, ciudadanos, esperamos que los administradores de lo público cumplan con la tarea fundamental de defender el interés público.

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Esta mañana, ante la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá, los abogados Vicente Morales , Guillermo Ferreiro y la abogada Maria del Carmen Morales presentaron la apelación al rechazo a la recusación de la jueza Janine Ríos, la cual deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

La apelación ratifica la denuncia de “parcialidad manifiesta” con la cual la jueza fue recusada durante la realización de la Audiencia Preliminar el pasado 1 de agosto, después de la presentación de las pruebas, las cuáles fueron pedidas d ser excluidas en su totalidad por la defensa técnica por no haber sido incorporadas al proceso de acuerdo a la ley.

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(Opinión Ivonne Gaona) “A estas alturas el problema ya no es solo la economía neoclásica, no es únicamente el modelo neoliberal de la economía, sino el propio modelo de la economía, la noción misma de “riqueza”, la noción de qué se cuantifica, que medimos…Esta concepción, lo que hoy se entiende por riqueza, no nos puede llevar sino a la desaparición de la vida en el planeta.” Edgardo Lander. 

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El fiscal Jalil Rachid encabezó el procedimiento policial que desmanteló el asentamiento Joaju de Yvyrarovana, Canindeyú. La acción tuvo como objeto proteger la “propiedad privada” de una familia de ciudadanos alemanes que habrían sido beneficiados con 5 mil hectáreas tras un negocio con el gobierno de Alfredo Stroessner. 

Ayer por la mañana 300 familias agricultoras perteneciente a la Organización de Lucha por la Tierra(OLT) decidieron salir de las 5mil hectáreas que ocupaban desde hace dos años. Éstas se habían asentado en el lugar debido a la información de que las tierras son malhabidas, dijo Esther Leiva, secretaria general de la organización campesina.