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Escuche audio:  En la comunidad de Naranjito del distrito de General Resquin del departamento de San Pedro se aguarda la definición de un pedido formulado a las autoridades para la construcción de viviendas para unas 600 familias, según explicó Ángel Giménez, dirigente de la Organización Nacional Campesina (ONAC) en diálogo con Virginio Vera de la radio “La Voz del Norte”.

Para la concreción del proyecto hace falta que la Municipalidad local tome más interés considerando que todas las documentaciones fueron presentados ante la SENAVITAT, significó el dirigente.

Escuche audio:  Un sector de la Costanera de Pilar quedó muy afectado por la torrencial lluvia desatada el pasado fin de semana, incluso como medida de precaución fue inhabilitada al público.

La obra fue ejecutada por la gobernación del Ñeembucú cuando era gobernador el diputado Pedro Alliana, actual presidente del Partido Colorado. Se inauguró en el 2013 con un costo de G. 5.043 millones. La Empresa constructora MECÁNICA DEL SUR del presidente de la seccional colorada de Pilar, Víctor Caballero, actual jefe regional de YACYRETA fue la encargada de realizar la mencionada costanera.

Fueron colocados caños de desagüe del agua de lluvia como primera solución ante el temor de un nuevo derrumbe en otro sector. Los “constructores” suelen hablar cuando se hacen autobombo que la costanera costó UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOLARES durante la gestión del gobernador Pedro Lorenzo Alliana.

Pablino Cáceres de la radio Universidad reporta sobre el tema

Jóvenes de los países de habla hispana de América Latina, que concluyeron la secundaria, tienen oportunidad de estudiar de manera gratuita en Brasil. La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) abrió un nuevo proceso para seleccionar estudiantes para el año lectivo de 2017. Al total, son ofrecidos 304 cupos en 28 carreras de grado, exclusivos para postulantes de países de América Latina o Caribe, cuyo idioma oficial sea el español.

Las inscripciones son gratuitas y deben ser realizadas del 7 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017, por el sitio https://www.unila.edu.br/es/ingreso-extranjeros Todos los requisitos y los documentos necesarios para la inscripción en el Proceso Selectivo Internacional de la UNILA están en la Convocatoria 34/2016.

Por tratarse de una universidad pública, la enseñanza es totalmente gratuita. Los seleccionados no tendrán que abonar ningún tipo de tasa o mensualidad durante todo el tiempo que dure sus estudios en la UNILA.

De acuerdo con el cronograma, la llamada de los seleccionados será publicada el 1º de febrero, y el período de confirmación de la matrícula será hasta el día 6 de febrero. Los futuros alumnos deberán estar en Foz do Iguaçu en el período de 1º a 10 de marzo de 2017 para realizar la matrícula. Las clases deben iniciar el día 6 de marzo.

Dudas sobre la selección internacional deben ser remetidas al e-mail pse2017@unila.edu.br.

Carreras

Administración Pública y Políticas Públicas; Antropología – Diversidad Cultural Latinoamericana; Arquitectura y Urbanismo; Biotecnología; Ciencia Política y Sociología – Sociedad, Estado y Política en América Latina; Ciencias Biológicas – Ecología y Biodiversidad; Ciencias de la Naturaleza – Biología, Física y Química; Ciencias Económicas – Economía, Integración y Desarrollo; Cine y Audiovisual; Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria; Ingeniería Civil de Infraestructura; Ingeniería Física; Ingeniería de Materiales; Ingeniería Química; Filosofía – Profesorado; Geografía – Profesorado; Geografía – Territorio Y Sociedad En América Latina; Historia – América Latina; Historia – Profesorado; Letras – Artes y Mediación Cultural; Letras – Español y Portugués como Lenguas Extranjeras; Matemática – Profesorado; Medicina; Música; Química – Profesorado; Relaciones Internacionales e Integración; Salud Colectiva; Servicio Social.

Una universidad bilingüe y multicultural

Ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu (Brasil), en la frontera con Argentina y Paraguay, la UNILA nació en el año de 2010 con la misión de promover la integración y el desenvolvimiento de los pueblos latinoamericanos a través de la educación superior. Actualmente, la casa de estudios tiene 3.150 estudiantes: 2.050 brasileños y 1.100 de otros 16 países de América del Sur, América Central y el Caribe. Para el año de 2017, la Universidad pretende recibir estudiantes de todos los países de habla hispana de América Latina y, por la primera vez, recibirá representantes de México, Honduras y Nicaragua en sus carreras.

Además de las 29 carreras de grado, ya se implantaron cinco programas de maestrías y un doctorado, también destinados al análisis de la realidad latinoamericana. Todas las clases y actividades de la UNILA son bilingües, administradas en portugués y español.

Los elevados costos de las falencias de las políticas públicas

Dionisio Borda en su artículo La ética y la eficiencia en la gestión pública dice que “en el gobierno tienen lugar hechos llamativos que ponen en evidencia la escasa importancia de la ética en el ejercicio de la función pública”. Borda cita el caso de la renovación por 30 años más de la concesión de operación y explotación de la Ruta 7 “en beneficio del Consorcio Tapé Porã, una empresa vinculada con la familia del titular del Ministerio de Obras Públicas, siete años antes de que fenezca el contrato actual, mediante una ley cuya legitimidad fue puesta en entredicho”.

También se destaca el hecho de que el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y responsable de la Comisión Energética Nacional “sea accionista de una de las empresas más importantes de exploración de petróleo en el Paraguay, que ha motivado ácidas críticas del parlamento y de los medios de comunicación. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) alegue que los ministros no son considerados funcionarios públicos, interpretación dudosa que no es compartida por connotados profesionales del Derecho, el conflicto de intereses y la incompatibilidad de funciones son indiscutibles”.

De igual modo, “varias empresas privadas vinculadas contractualmente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firman contratos con una compañía de seguros que es propiedad del Jefe del Gabinete Civil, no está entre las mejores posicionadas según las calificaciones de la Superintendencia de Seguros, y cuya facturación ha crecido en forma exponencial durante esta administración, se puede presumir que el principio de la competencia fue alterado”. También fueron denunciadas “compras de la compañía estatal de agua a una empresa vinculada al asesor económico del gobierno”.

Todos estos casos, según el autor “configuran una abierta alteración de los principios de la transparencia y de las normas anticorrupción. Está claro que el acceso privilegiado a informaciones del Estado pone a las empresas vinculadas en posición ventajosa frente a sus competidores en el mercado; que el tráfico de influencias constituye una forma de corrupción y que hay abierta incompatibilidad entre la función pública, que busca el bien común, y la actividad económica privada, que es motivada por el afán de lucro”.

Borda concluye que “hace falta que la gestión pública sea más eficiente, que esté enfocada en los objetivos de corto, mediano y largo plazo del desarrollo económico y social del país, y que no se aparte de los principios éticos inherentes a la función pública y el servicio civil. Pues, ni el aumento de la productividad de la economía ni el mayor bienestar de las mayorías sociales podrán ser alcanzados si la gestión pública se somete a los intereses privados de las personas que están en el gobierno de turno”.

Fuente: Comunicación Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

 

A continuación el texto completo del artículo

LA ÉTICA Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Dionisio Borda

En el gobierno tienen lugar hechos llamativos que ponen en evidencia la escasa importancia de la ética en el ejercicio de la función pública y la persistencia de la ineficiencia de ciertos sectores de la administración pública. Ambas falencias restan fuerza a la generación de mayor productividad de la economía y de mayor bienestar de la sociedad.

Hay en los medios de comunicación frecuentes denuncias que reflejan la preocupación de la sociedad civil acerca del rol de la ética en la gestión pública. Es el caso de la renovación por 30 años más de la concesión de operación y explotación de la Ruta 7 en beneficio del Consorcio Tapé Porã, una empresa vinculada con la familia del titular del Ministerio de Obras Públicas, siete años antes de que fenezca el contrato actual, mediante una ley cuya legitimidad fue puesta en entredicho.

También el hecho de que el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y responsable de la Comisión Energética Nacional sea accionista de una de las empresas más importantes de exploración de petróleo en el Paraguay, que ha motivado ácidas críticas del parlamento y de los medios de comunicación. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) alegue que los ministros no son considerados funcionarios públicos, interpretación dudosa que no es compartida por connotados profesionales del Derecho, el conflicto de intereses y la incompatibilidad de funciones son indiscutibles.

De igual modo, cuando varias empresas privadas vinculadas contractualmente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firman contratos con una compañía de seguros que es propiedad del Jefe del Gabinete Civil, no está entre las mejores posicionadas según las calificaciones de la Superintendencia de Seguros, y cuya facturación ha crecido en forma exponencial durante esta administración, se puede presumir que el principio de la competencia fue alterado.
También fueron denunciadas compras de la compañía estatal de agua a una empresa vinculada al asesor económico del gobierno.

Todos estos casos configuran una abierta alteración de los principios de la transparencia y de las normas anticorrupción. Está claro que el acceso privilegiado a informaciones del Estado pone a las empresas vinculadas en posición ventajosa frente a sus competidores en el mercado; que el tráfico de influencias constituye una forma de corrupción y que hay abierta incompatibilidad entre la función pública, que busca el bien común, y la actividad económica privada, que es motivada por el afán de lucro.

Otra dimensión preocupante de la función pública es la ineficiencia que perdura de períodos anteriores y se manifiesta tanto en la administración del gobierno central como en las gobernaciones y los municipios, a veces por falta de buena gestión, falta de planificación o escasez de recursos humanos y financieros, y en otras ocasiones simplemente por corrupción. Es el caso de las notorias deficiencias de las construcciones y amueblamientos de locales escolares, al punto de que los muros o tejados de varias escuelas llegaron a derrumbarse poniendo en riesgo la vida de los alumnos y profesores.

Otras escuelas y colegios carecen de instalaciones adecuadas para la enseñanza, lo que en muchos casos no obedece a la falta de recursos financieros, sino a la incapacidad de gestión y a la falta de transparencia en el manejo de los fondos. La débil gestión de los gobiernos locales limita considerablemente el alcance y el impacto de los recursos que el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) canaliza a los municipios para las tareas educativas. Sin duda alguna, las instancias municipales requieren de una coordinación más efectiva con el Ministerio de Educación y Cultura y una fiscalización más estricta de los organismos de control.

También la atención de la salud y la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios son objeto de numerosas quejas. El gasto público en este sector ha aumentado, pero la cobertura y la calidad de los servicios de salud no se incrementaron en la misma proporción. La atención primaria de la salud ha perdido el empuje inicial y la preventiva sigue siendo una tarea pendiente.

Otro motivo de preocupación es la falta de planificación del desarrollo territorial. El fuerte crecimiento de las ciudades intermedias y principales ciudades cabeceras en las dos últimas décadas ha tenido lugar sin planes de desarrollo urbanístico y de transporte público, con el resultado del desorden urbano y el caos vehicular que hoy caracterizan a las metrópolis. Estas irregularidades se traducen en el auge de accidentes de tránsito, fenómeno exacerbado por la popularización del uso de motocicletas, la falta de un control más riguroso de las normas de circulación y la escasez de campañas de seguridad.

Es inquietante, además, el poco cuidado del medio ambiente que se observa. Nuestro país ha destruido sus bosques y cuencas hídricas en forma muy acelerada a partir de la década de los ochenta y el nivel de polución ambiental y de degradación de los recursos naturales ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, las instituciones que deberían ocuparse del problema carecen de los recursos y personal necesarios para cumplir sus funciones.

En definitiva, hace falta que la gestión pública sea más eficiente, que esté enfocada en los objetivos de corto, mediano y largo plazo del desarrollo económico y social del país, y que no se aparte de los principios éticos inherentes a la función pública y el servicio civil. Pues, ni el aumento de la productividad de la economía ni el mayor bienestar de las mayorías sociales podrán ser alcanzados si la gestión pública se somete a los intereses privados de las personas que están en el gobierno de turno.

Fernando Masi en su artículo Deuda Pública y Capacidad de Pago dice que el FMI fija “parámetros o rangos del coeficiente deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) dentro de los cuales una deuda es sostenible, por encima de los cuales deja de serlo”. En el caso del Paraguay “si este coeficiente se sitúa entre el 25% y 30% del PIB ya se considera como no sostenible. De acuerdo con las cifras oficiales, este coeficiente alcanza a 22,5% en la actualidad, a pesar de que algunos analistas consideran que el coeficiente de la deuda real no supera el 17% del PIB”.

El autor también destaca el déficit fiscal que viene experimentando el Estado que “desde el año 2012 (de 1,7% a 2% anual del PIB) genera una deuda para cubrir esa pérdida, con una capacidad de pago cada vez menor”.

Fernando Masi se pregunta “¿Qué causas o factores explican esta falta de fortalecimiento de la capacidad de pago del Estado paraguayo? En primer lugar, el sector que más ha contribuido al crecimiento económico durante la década de bonanza, la agricultura empresarial, no ha aportado nada en materia de impuestos en todo ese período. En segundo lugar, en un país de bajísimas tasas impositivas, nos pegamos el lujo de contar con un sistema de exenciones impositivas que equivalen a casi 2% del PIB. En tercer lugar, la evasión fiscal por la todavía alta informalidad de los negocios en el Paraguay y la elusión fiscal por declaraciones impositivas en que se subfacturan exportaciones y se reducen rentas en forma artificial”.

El autor sostiene que “no hay duda de que el crecimiento económico de un país debe ser acompañado de inversiones públicas que hagan sostenible dicho crecimiento. Como tampoco hay duda de que uno de los recursos más disponibles para esta inversión es el endeudamiento público. Sin embargo, no se conoce de ningún país del mundo que haya podido crecer y desarrollarse a partir del endeudamiento. Lo que sí existen son países pobres sobre endeudados que siguen sin posibilidades de acceder a un umbral importante de desarrollo económico”.

El autor concluye diciendo que “el crecimiento sostenido y el acceso a niveles superiores de desarrollo de un país dependen, en gran medida, de la inversión privada. Pero mientras las actividades del sector privado y sus altas rentabilidades no aporten los tributos justos al Estado, éste se verá siempre limitado en su contribución al crecimiento económico y bienestar social. El endeudamiento público deberá tener siempre como referencia la capacidad de pago del Estado y no, simplemente, la capacidad productiva del país”.

Fuente: Comunicación Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

José Carlos Rodríguez en su artículo Poco efecto del crecimiento económico a favor de la igualdad dice que “el Paraguay dispone desde hace unos meses de los datos de la Encuesta de Hogares (DGEEC) por Departamento, con base en muestras significativas. Esto nos permite hacer cuentas sobre el otro fantasma que acosa a los países subdesarrollados: la desigualdad. El primero es la pobreza. Los datos muestran que, sí, los mayores ingresos van acompañados de menor pobreza. Pero no ocurre lo mismo con la desigualdad”.

Un primer hecho significativo para el experto “es que nuestra desigualdad es alta: 0,47. Junto con América Latina, somos la región más desigual de la humanidad. Asunción tiene una desigualdad similar a la del país. Llama la atención la existencia de situaciones extremas. El Chaco es la zona más desigual del Paraguay. Presidente Hayes tiene una desigualdad de 0,55 y Alto Paraguay tiene una desigualdad de 0,52, que son valores muy superiores a la media del Paraguay. Y Boquerón tiene una desigualdad extrema dentro de los extremos: 0,66”.

Lo paradójico para el autor “es que el departamento más rico del Paraguay tenga también la peor desigualdad del país. El ingreso de las familias de Boquerón es 3 millones de guaraníes por persona por mes, y el del país 1,3 millones per cápita por mes”.

Rodriguez destaca que en la Región Oriental hay más variedad de ingresos que en el Chaco. “Central (0,41) y Amambay (0,42) tienen más igualdad que el promedio nacional y el latinoamericano. Lo que dice que otro desarrollo es posible. Pero la vergüenza de la Región Oriental es Caazapá (0,63), seguido de Concepción (0,56) y Canindeyú (0,54) que tienen índices similares a los departamentos del Chaco. Finalmente, hay tanta desigualdad entre las familias como entre los territorios”.

Rodriguez concluye resaltando que “dadas las regulaciones vigentes como la fiscalidad mínima y regresiva, el sistema económico tiende a enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. La fiscalidad progresiva supone que quienes tienen más pagan más, como en todos los países industrializados. En el Paraguay no es así. Entonces, si las cosas van mal, van mal para la mayoría. Y si las cosas van económicamente bien, para la mayoría sigue mal, en igualdad. La injusta distribución de la renta, no compensada, no corregida por políticas públicas, fragiliza los vínculos sociales. Atenta contra la cohesión social, cuando la Constitución Nacional nos define como Estado Social de Derecho. Saca credibilidad a las instituciones democráticas y a sus dirigentes, y atropella la dignidad ciudadana”.

 

Fuente: Comunicación Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

 

A continuación el texto completo:

 

Poco efecto del crecimiento económico a favor de la igualdad

José Carlos Rodríguez

El Paraguay dispone desde hace unos meses de los datos de la Encuesta de Hogares (DGEEC) por Departamento, con base en muestras significativas. Esto nos permite hacer cuentas sobre el otro fantasma que acosa a los países subdesarrollados: la desigualdad. El primero es la pobreza. Los datos muestran que, sí, los mayores ingresos van acompañados de menor pobreza. Pero no ocurre lo mismo con la desigualdad.

Las teorías más optimistas afirman que el crecimiento trae, por sí solo, el desarrollo compartido y disminuye la cantidad de personas bajo la línea de la pobreza. Se entiende por pobreza el daño creado por ingresos tan pequeños que no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Ya se venían publicando estadísticas anuales sobre la pobreza, cuántos no tienen recursos para satisfacer sus necesidades; y sobre la extrema pobreza, cuántos no tienen recursos para alimentarse. Ahora tenemos datos de ingresos por departamentos, incluso sobre pobreza y desigualdad. ¿Qué nos dicen los datos?

Medida de desigualdad (Gini), Pobreza, Pobreza Extrema e Ingreso por departamentos del Paraguay (2015)

DEPARTAMENTOS Gini 2015 % Pobreza % Pobreza Extrema Ingreso mensual per cápita
CONCEPCION 0,56 38 18 1.021.700
SAN PEDRO 0,47 45 25 712.836
CORDILLERA 0,47 20 6 1.066.204
GUAIRA 0,45 28 11 974.165
CAAGUAZU 0,47 40 21 805.172
CAAZAPA 0,63 48 34 933.876
ITAPUA 0,45 21 11 1.043.146
MISIONES 0,47 25 12 1.133.334
PARAGUARI 0,46 28 17 943.576
ALTO PARANA 0,47 36 19 1.420.925
CENTRAL 0,41 16 5 1.586.942
ÑEEMBUCU 0,49 26 12 1.091.804
AMAMBAY 0,42 15 6 1.344.313
CANINDEYU 0,54 33 21 1.102.192
ALTO PARAGUAY 0,52 36 19 1.030.974
PTE HAYES 0,55 21 10 1.325.735
BOQUERON 0,66 23 15 3.002.586
ASUNCION 0,47 11 3 2.746.780
PARAGUAY 0,47 18 10 1.322.496

Fuente: EPH 2015, DGEEC.

Un primer hecho significativo es que nuestra desigualdad es alta: 0,47. Junto con América Latina, somos la región más desigual de la humanidad.  Asunción tiene una desigualdad similar a la del país.  Llama la atención la existencia de situaciones extremas. El Chaco es la zona más desigual del Paraguay. Presidente Hayes tiene una desigualdad de 0,55 y Alto Paraguay tiene una desigualdad de 0,52, que son valores muy superiores a la media del Paraguay. Y Boquerón tiene una desigualdad extrema dentro de los extremos: 0,66.

Lo paradójico es que el departamento más rico del Paraguay tenga también la peor desigualdad del país. El ingreso de las familias de Boquerón es 3 millones de guaraníes por persona por mes, y el del país 1,3 millones per cápita por mes.

En la Región Oriental hay más variedad de ingresos que en el Chaco. Central (0,41) y Amambay (0,42) tienen más igualdad que el promedio nacional y el latinoamericano. Lo que dice que otro desarrollo es posible. Pero la vergüenza de la Región Oriental es Caazapá (0,63), seguido de Concepción (0,56) y Canindeyú (0,54) que tienen índices similares a los departamentos del Chaco. Finalmente, hay tanta desigualdad entre las familias como entre los territorios.

Correlación entre ingreso, pobreza y desigualdad (2015)

Coeficientes de correlación Ingresos
% Pobreza -0,55
% Pobreza Extrema -0,41
Gini 2015 0,30
Relación decil 10 / decil 01 0,59

Fuente: Elaborado con base en la EPH 2015, DGEEC.

La pregunta clave, desde el punto de vista de los valores constitucionales –valores compartidos y vinculantes— es: ¿cómo se relacionan estos aspectos? O sea, ¿qué vínculo hay entre los ingresos, la pobreza y la desigualdad?  Junto al Gini suele emplearse la división entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Los resultados son dispares.

En primer lugar, observamos que hay una correlación inversa entre pobreza e ingreso (- 0,55), esto quiere decir que, afortunadamente, cuanto más ingreso hay en los departamentos menos pobres existen en ellos.

No pasa lo mismo con el Gini ni con la brecha entre deciles (decil 10/ decil 1). Estas medidas de la desigualdad aumentan con el ingreso del departamento.  Territorios con mayor ingreso (Boquerón y la Capital) tienen la peor desigualdad. Y territorios con menos ingreso, como Cordillera o Central, tienen un reparto de los ingresos más justo.

Puede colegirse de ello que las políticas sociales contra la pobreza y el crecimiento económico han aliviado la pobreza. Pero que, dadas las regulaciones vigentes como la fiscalidad mínima y regresiva, el sistema económico tiende a enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. La fiscalidad progresiva supone que quienes tienen más pagan más, como en todos los países industrializados. En el Paraguay no es así. Entonces, si las cosas van mal, van mal para la mayoría. Y si las cosas van económicamente bien, para la mayoría sigue mal, en igualdad.

La injusta distribución de la renta, no compensada, no corregida por políticas públicas, fragiliza los vínculos sociales. Atenta contra la cohesión social, cuando la Constitución Nacional nos define como Estado Social de Derecho. Saca credibilidad a las instituciones democráticas y a sus dirigentes, y atropella la dignidad ciudadana.