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Campesinos-Sexta línea Los pobladores en lucha se oponen al cultivo de la soja. Aseguran que la tierra no es de los sojeros. Además denuncian a los brasileños sojeros de portar armas.

La población hace una ocupación en defensa de dicha comunidad, a raíz de que la misma esta por desaparecerse a causa de la Sojizacion y el uso excesivo de los venenos transgénicos.

Manifiestan que anteriormente estaban 37 familias y que la escuela funcionaba, como también la Iglesia. Pero a partir de que entraron los Menonitas y Brasileros a deforestar y a plantar maíz y soja transgénica la población se redujo y el 89% de las familias tuvieron que salir de tal lugar para evadir alguna intoxicación de veneno que los agronegocios utilizan por las plantaciones.

Carlos Villaba, uno de los ocupantes, en diálogo con DEMOINFO Py, dijo que la lucha se da en el marco de la recuperación de tierras que el INDERT destinó para la Reforma Agraria y que ahora brasileños que no son sujetos pretenden apropiarse de ella.

Por eso formamos la comisión vecinal con la intención de recurar nuestra colonia, dijo al denunciar que viven en zozobra porque los brasileños portan armas poniendo en peligro la vida de los humildes campesinos. Nombró como supuestos responsables a Ademir Méndez y a Jorge Mayer.

Llevan más de 4 meses de lucha bajo carpas. Son alrededor de 60 familias quienes cultivan para el consumo diario de sus respectivas familias.

Vea vídeos: https://www.facebook.com/demoinfopy/videos/542903546052521/

https://www.facebook.com/demoinfopy/videos/542907156052160/

https://www.facebook.com/demoinfopy/videos/542913629384846/

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – Via Campesina, Capitulo Paraguay, emitió un pronunciamiento dando a conocer su posicionamiento con respecto al nombramiento de Sandra Quiñonez al frente del Ministerio Público.

Las organizaciones campesinas de la CLOC consideran a Sandra Quiñonez como una de las mayores responsables de la política de criminalización que se va agravando en el país. “Ella tiene el triste mérito de haber sido la primera autoridad fiscal en aplicar la “Ley Antiterrorista” contra campesinos en el marco de la lucha por la tierra”, dice textualmente en una parte dicho pronunciamiento.

Como muestra recuerdan la actuación de la Fiscal Quiñonez en el distrito de Kurusu de Hierro (Concepción) el 23 de febrero 2010, cuando en un procedimiento irregular trató a 6 menores de edad como guerrilleros del EPP.

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, Capítulo Paraguay, está conformada por las siguientes organizaciones: Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri, Organización de Lucha por la Tierra y Federación Nacional Campesina.

 

A continuación el pronunciamiento completo:
Posicionamiento de la CLOC-Vía Campesina Paraguay sobre el nombramiento de Sandra Quiñónez al frente de la Fiscalía General del Estado
Integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina Paraguay nos dirigimos a la ciudadanía en general para expresar nuestro posicionamiento acerca de la designación por parte del Poder Ejecutivo de la Sra. Sandra Quiñónez al frente de la Fiscalía General del Estado.
Consideramos que esta funcionaria es una de las mayores responsables de la política de criminalización que se va agravando en nuestro país, hecho que multiplicó los casos de persecución contra campesinos inocentes sobre todo en la zona Norte. Ella tiene el triste mérito de haber sido la primera autoridad fiscal en aplicar la “Ley Antiterrorista” contra campesinos en el marco de la lucha por la tierra.

Quiñónez está, además, acusada por los organismos de Derechos Humanos de recrudecer la plantación de pruebas, de actuar con suma impunidad en sus operativos y de contribuir a desarticular a las organizaciones campesinas con violentos procedimientos que concluyeron en imputaciones, cárcel y atropellos múltiples contra las poblaciones rurales.

Como botón de muestra, baste recordar su actuación en el distrito de Kurusu de Hierro (Concepción) el 23 de febrero 2010, cuando en un procedimiento irregular trató a 6 menores de edad como guerrilleros del EPP[1]. Fue también la responsable de que el histórico dirigente de la OCN (Organización Campesina del Norte), Sindulfo Agüero, haya estado preso acusado sin pruebas de secuestro y terrorismo junto a otros 13 campesinos [2]. También llevó adelante la acusación contra Los Seis Campesinos en ciertas etapas del aberrante proceso judicial que acabó en una injusta condena carcelaria para estos luchadores sociales y educadores populares.

Con sus antecedentes de odio hacia la lucha de los movimientos campesinos, es fácilmente comprensible que como articulación de organizaciones vinculadas a las reivindicaciones de la Reforma Agraria que bregan por el acceso a derechos básicos, nos negamos rotundamente a su confirmación como titular del Ministerio Público.

La CLOC-Vía Campesina recuerda al Estado paraguayo que en su carácter de protector del Estado Social de Derecho debe garantizar el acceso a la tierra, la educación, la salud, las políticas públicas orientadas hacia la producción agroecológica, etc.

Lamentamos que la decisión del Presidente Cartes de poner al frente de la Fiscalía General a Sandra Quiñónez sea un reflejo más de cómo la Justicia está sometida a los intereses de la clase política y el poder económico, y por lo tanto bregamos por la independencia de los poderes del Estado y exigimos que se respete la Constitución Nacional en lo que se ve afectada tras esta nominación.

[1] http://www.baseis.org.py/campesinos-denuncian-que-fiscala-quinonez-y-los-policias-tratan-a-ninos-como-terroristas/

[2] http://www.baseis.org.py/candidata-a-fiscal-general-tiene-antecedentes-de-persecucion-a-campesinos-y-campesinas/

Foto: http: Sandra Quiñónez y niños cuerpo a tierra en procedimiento fiscal en Kurusu de Hierro //bit.ly/2yMJE72

 

Fuente: https://clocvcparaguay.wordpress.com/2017/10/24/posicionamiento-de-la-cloc-via-campesina-paraguay-sobre-el-nombramiento-de-sandra-quinonez-al-frente-de-la-fiscalia-general-del-estado/

En el marco del 165° Período Ordinario de Sesiones, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para hoy  lunes 23 de octubre fue convocada una audiencia general sobre la falta de independencia del Poder Judicial en Paraguay y su impacto en el debido proceso, a instancias de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), quien solicitó abordar la cuestión.

La Comitiva está integrada por Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de Codehupy; Mario Barrios Cáceres, abogado de Codehupy; y, Julia Cabello Alonso, Coordinadora Ejecutiva de Tierraviva. Así mismo, se espera que la delegación del Estado esté conformada por altos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos, el Juez de Cámara, Emiliano Rolón Fernández. La diligencia se desarrollará en la sede del Palacio Legislativo de Montevideo

Ese mismo día, pero a las 8:30 hs, se desarrollará una Audiencia sobre la Situación de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía y el Gran Chaco, por pedido, entre otras, de la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), así como de Iniciativa Amotocodie, organización que forma parte de la red de miembros de Codehupy.

Por otra parte, el jueves 26 de octubre, siempre en Montevideo, la delegación de Codehupy participará en una reunión de trabajo, sobre el Derecho a la Protesta y Espacio Público en América Latina, promovida, entre otras, por la relatoría de libertad de expresión de la CIDH.

La delegación de Codehupy, tiene en agenda una reunión con los paraguayos refugiados en Uruguay, quienes recientemente accedieron a dicho estatus, luego que salieran del país a raíz de los acontecimientos registrados tras la crisis del 31 de marzo y 1 de abril pasado.

Por último, líderes indígenas y dirigentes campesinos de Paraguay, en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana, participaran de un taller sobre defensores de la tierra, del territorio y del medio ambiente, a partir del 27 de octubre, también en Montevideo, esta actividad es organizada por La CIDH y la International Land Coalition (ILC).
Gacetilla de prensa: 23/0ct/2017; más información, con Soledad Aquino, Comunicadora de Codehupy, Cel. 0971 356000

María del Rosario Fernández, de La Gremial de Abogados y abogadas de Argentina e integrante de la Agencia para la Libertad, vino al Paraguay a fin de interiorizarse de la situación de los seis campesinos presos políticos al igual que del caso de Carmen Villalba y Alcides Oviedo.

Vea vídeo: 

Entre otras cosas dijo que si bien todos ellos cuentan con condena firme el único derecho que se les priva debería ser la del ambulatorio, el resto de los derechos deben conservarse. En la situación de Alcides, él está en un camino de muerte por goteo, no tiene derecho a nada, dijo.

Luego de visitar la penitenciaría de Tacumbu y reunirse con los mencionados más arriba la activista mencionó que la situación carcelaria en Paraguay es muy aberrante, es una miseria humana, se convirtió en un depósito de gente y en estas circunstancias debería el Estado paraguayo recibir una visita internacional de los organismos en materia de derechos humanos.

Los seis dirigentes campesinos que fueron privados de su libertad por 35 años, en el marco del caso de secuestro y muerte de Cecilia Cubas son Simeón Bordón, Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Roque Rodríguez, Arístides Vera y Gustavo Lezcano. Son considerados Campesinos Presos Políticos, presos por sus ideas libertarias, por luchar y por pretender la emancipación social.

Se trata de una condena política, durante el proceso judicial no se pudieron demostrar ni presentar pruebas que vincule a los mismos con el caso de Cecilia Cubas.
A los campesinos nunca se les dio la oportunidad para dar a conocer su versión, qué se trató durante el proceso judicial, más bien aprovecharon para demonizar a las organizaciones campesinas.

En tanto Carmen Villalba y Alcides Oviedo fueron condenados a 18 años de prisión tras ser considerados  autores de los hechos punibles de secuestro, privación ilegítima de la libertad y asociación criminal de los que resultó víctima María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en noviembre del 2001.

En Paraguay cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad, todas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de personas adultas; es urgente tener un diálogo social y político serio como sociedad para poner fin a la violencia hacia la niñez y la adolescencia – en todas sus formas -, junto con la importancia de tener las herramientas pedagógicas necesarias para la prevención, mecanismos de autocuidado y protección de las niñas y los niños en Paraguay.

Ante el sesgado actuar sobre el tema por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las organizaciones de derechos humanos firmantes, recordamos que:

1. El artículo 73 de la Constitución Nacional, señala como uno de los fines de la educación el de “eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio”; y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

2. Las acciones del MEC deben orientarse hacia la profundización de las causas e implicancias sociales y culturales que subyacen en la normalización de la violencia hacia la niñez y el abuso sexual en nuestra sociedad, tomando medidas educativas sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos, que permitan brindar herramientas según del desarrollo evolutivo de cada niñas y niño.

3. La importancia de promover y sostener espacios de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad acerca de las cuestiones complejas que enfrentamos como país; fomentando la vigencia de los derechos humanos, en el marco de la institucionalidad democrática y la garantía de una convivencia diversa por medio de un Estado laico.

4. Es prioritaria una educación de calidad, pública, laica, diversa y democrática, sustentada en la carta de principios de los derechos humanos. Erradicando así todas las formas de violencias, exclusión y discriminación a las personas que habitan el territorio nacional.

5. Las políticas públicas nacionales no pueden hacer coro fácil a discursos de odio que no reconocen la dignidad intrínseca de toda persona, convirtiéndose así en una herramienta de poder que pone obstáculos para la realización cotidiana de los derechos humanos.

6. La función clave de la educación es la tarea de la ampliación progresiva de la cultura de derechos humanos en nuestra sociedad, es necesario generar una propuesta de educación integral de la sexualidad, sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos.

El derecho a la educación no es un derecho a cualquier educación, menos sesgada por valores propios del ámbito privado o basadas en creencias no científicas; y no puede definirse por criterios personales de ninguna autoridad, y más si los mismos no están en consonancia con la Constitución Nacional. El ocultar materiales educativos no modifica la realidad ni esconde la situación de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Es tiempo de romper el oscurantismo en la educación paraguaya.

Contactos:

Aníbal Cabrera, CDIA. 0971 914915Óscar Ayala, CODEHUPY. 0971 284292Cristina Coronel, Serpaj Paraguay. 0981 516033

Los pobladores de la Colonia Menonita de San Ignacio viven en zozobra por la inseguridad, en menos de un mes tuvieron mas de 3 asaltos, además en los últimos tiempos se suma a los asaltos,hechos de abigeo y violaciones.

Hacemos las denuncias, la policía detienen a los delincuente, pero salen en libertad de manera rápida por que la mayoría son adolescentes manifestaron Cornelio Buler e Isac Buler.

Fotos e Informe: Radio San Roque de Ayolas

 

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