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Escuche audio: El dirigente de la comisión de embarcaciones y motores para pescadores de Ayolas, Carmelo Lujan Méndez denunció ante la comisaría 8° de esta ciudad a efectivos de la Prefectura Naval por intento de homicidio y omisión de auxilio.

Según la denuncia, en un procedimiento efectuado por oficiales de la Prefectura naval de Ayolas jugaron a matar a dos personas, Francisco Lujan Méndez (36) y Mateo Ferreira también mayor de edad, quienes retornaban hacia la costa, tras revisar su espinel en la zona conocida como Apipe chico ubicada a 5 km metros agua debajo de la represa Yacyreta.

“Los marinos se acercaron y sin mediar palabras comenzaron a disparar y embistieron la canoa de los pescadores que se hundió a causa del impacto y los tripulantesquedaron a su suerte en el agua y los marinos huyeron del lugar”, relató Carmelo Luján.

Al tomar conocimiento de este hecho, el dirigente se acercó hasta la guardia de la Prefectura a fin de solicitar informe sobre lo sucedido, pero el oficial dijo no tener conocimiento del hecho, entonces el afectado exige que se le tome la denuncia y que conste en acta, a lo que el uniformado se negó alegando que no podía elaborar informe alguno sin la autorización de su segundo comandante, en este caso el teniente Cristian Sosa.

“Cuando llamé al Teniente Sosa puse el celular en altavoz, y este le dijo al guardia que agarre una hoja en blanco y haga un acta falsa, después vamos a joderle”, expresó el denunciante quien tras oír tales declaraciones abandonó la sede castrense y fue a la comisaría local para radicar denuncia en la madrugada del sábado.

Informe de la radio educativa “San Roque de Santacruz” de Ayolas – Misiones

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) planteó la instalación de mesas de trabajo para la armonización normativa de los protocolos y resoluciones que colisionen con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos Humanos.

Una comitiva de organizaciones integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) mantuvo una audiencia en la mañana de este miércoles con el ministro del Interior, Tadeo Rojas. De la reunión, realizada en la sede de la cartera de Estado, participaron Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy; Julia Cabello, de Tierraviva; Ramón Corvalán, de Serpaj-Py; Rosalía Vega, de Amnistía Internacional Paraguay, y Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

En primer término Ayala, Amarilla expuso el contenido del informe Derechos Humanos en Paraguay 2016 de la Codehupy, que tuvo entre sus temas del año los desalojos forzosos. Sostuvo que estos están prohibidos por las convenciones internaciones de las que nuestro país es signatario y puso como ejemplo que, incluso existiendo una orden judicial de desahucio, existen instrumentos jurídicos y no se violaría la ley si la ejecución es suspendida hasta tanto las instancias correspondientes, como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), ofrezcan una solución al problema antes de apelar al uso de la violencia. Acotó que el Estado es uno solo y que el Ministerio del Interior no se puede desentender de las intervenciones policiales derivando la responsabilidad al Poder Judicial o al Ministerio Público, por lo cual es necesario que exista un diálogo entre poderes.

En la misma dirección, Cabello subrayó que los desalojos –encubiertos bajo figuras como la aprehensión de personas sorprendidas en flagrancia invadiendo inmuebles privados– colisionan con disposiciones del sistema universal de derechos humanos a los cuales el Estado adhirió. Entre estas mencionó la Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que define los desalojos forzosos como contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello a raíz de que se expulsa a las personas sin ofrecerles medios apropiados de protección legal y privándoles del acceso a las condiciones mínimas necesarias para la vida, pues en este tipo de procedimientos se destruyen viviendas, pertenencias y cultivos de subsistencia, en el caso de las zonas rurales. Añadió que prevalece un excesivo uso de la fuerza y una violencia de la cual han sido víctimas hasta niños con discapacidad y mujeres embarazadas.

Posteriormente, Cabrera se refirió específicamente a los derechos de la niñez y adolescencia vulnerados durante episodios como los de Guahory, donde se destruyeron escuelas y resultaron heridos niños. También aludió a otros procedimientos en los cuales se destruyeron escuelas que fueron construidas por el propio Estado de tal manera que el Estado obró en contra de sí mismo destruyendo un patrimonio público y atentando contra el derecho a la educación.

A su turno, Vega reiteró la preocupación existente por el uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e instó al secretario de Estado a escuchar y considerar las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil formuladas en sus informes y otros documentos. Al referirse a los desalojos sufridos por comunidades indígenas, sostuvo que la defensa de los derechos comunitarios es un bien que también debe ser protegido como la propiedad privada.

En tanto, Corvalán puntualizó las violaciones al derecho a la educación de los niños y adolescentes cometidas por las fuerzas estatales y operadores de justicia –que en muchos casos están involucrados o avalan la tenencia irregular de tierras– y que los procedimientos oficiales en general están imbuidos por el estado de violencia y conflictividad que prevalece.

“Contaminación política”

El ministro del Interior, por su parte, dijo que la policía solo se limita a cumplir órdenes judiciales y fiscales al tiempo que atribuyó la violencia generada en los operativos a reacciones de los agentes ante la “contaminación política” e intervención de opositores al gobierno que buscan sacar provecho de la situación. Aseveró que coincide en la necesidad de proteger los derechos de la niñez y que existe la voluntad de respetar los derechos humanos. Aseguró que no existe directiva alguna de llevar a cabo acciones violentas, pero sí se reafirmó en la misión de defender la propiedad privada. Al ser abordado por las prácticas propias de la dictadura que sigue aplicando la policía, contestó que uno de los objetivos de su gestión es combatir ese tipo de abusos.

Rojas afirmó que antes de emplear la fuerza buscan alternativas y que en el caso de una parte de las familias de Guahory se logró el traslado a otro inmueble. Asimismo, aseguró que varias órdenes de desalojo no se están ejecutando para evitar la violencia. Además, propuso a las organizaciones llevar adelante un trabajo conjunto, puesto que el gobierno es el principal interesado en no proyectar una mala imagen. Atribuyó a tergiversaciones de la prensa la percepción de que las autoridades solo actúan desalojando a paraguayos para defender a brasileños.

Entretanto, el viceministro de seguridad interna, Lorenzo Lezcano, rechazó que la institución realice desalojos forzosos indicando que las intervenciones se ejecutan por mandato judicial o fiscal. Sostuvo que las operaciones no son propiamente desalojos, sino detenciones de personas sorprendidas en comisión flagrante de delitos como invasión de inmueble. No obstante, reconoció que el problema de la tierra existe y que la conflictividad persistirá, por lo cual buscan “humanizar” las actuaciones de las fuerzas públicas. En el mismo sentido se expresó el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, quien aseguró que no avalarán hechos que atenten contra los derechos humanos.

Por último, el ministro insistió en llevar a cabo un trabajo conjunto con las organizaciones y superar las confrontaciones y acusaciones, tanto de un lado como del otro. Ante esta propuesta, el secretario ejecutivo de la Codehupy planteó la conformación de una mesa técnica de trabajo a fin de armonizar los protocolos de procedimiento o resoluciones que sean contrarios a los principios de la Constitución Nacional y los compromisos asumidos por el Estado paraguayo ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Contacto

Oscar Ayala Amarilla (0971 284 292)

 

Fuente: Comunicación de la Codehupy 

Escuche el audio completo de la audiencia pública: En la Sala Bicameral del Congreso Nacional, esta mañana, se realizó una Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley “Que deroga la Ley 5036/2013, que modifica y amplía los artículos 2do, 3ro y 56 de la Ley Número 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna”.

Participaron representantes de organizaciones y pobladores de los departamentos de Concepción, San Pedro, zona donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); también estuvieron presentes autoridades departamentales, Senaderes Diputados de la Nación y autoridades militares. El Ministro del Interior Francisco de Vargas fue invitado pero no asistió al encuentro.El objetivo de la audiencia fue la de debatir en público sobre el papel de la FTC, en la zona norte con los afectados directos.

Todos los oradores pidieron la derogación de la ley o su modificación correspondiente. Los militares y policías en nada responden a sus obligaciones de resguardar la zona y garantizar la seguridad a la población sino todo lo contrario comete abusos, atropellos, inculpando a gente inocente, dijeron los participantes.

Viernes 30 de septiembre, a las 20 hs, es la cita para asistir al conversatorio sobre Psicoanálisis y Modernidad, con comentarios sobre un diálogo epistolar entre Zygmunt Bauman y Gustavo Dessal. El mismo se llevará a cabo en el Ateneo Paraguayo, sito en Ntra. Sra. de la Asunción 832 c/ Humaitá.

Genaro Riera Hunter, Pablo Chávez -ambos psicoanalistas- y Guillermo Rojas –teólogo pastoralista – comentarán el texto “Libertad y seguridad: un caso de Hassliebe” de Zygmut Bauman, texto que se debe, entre otros, a la correspondencia electrónica entre éste último y el psicoanalista Gustavo Dessal.

En “Libertad y seguridad” Bauman sostiene que “la mayor parte del tiempo sufrimos, y todo el tiempo nos acosa el temor al posible sufrimiento ocasionado por las permanentes amenazas que sobrevuelan nuestro bienestar”. “Hay tres causas de las que tememos que descienda el sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo—de manera más precisa, dado que creemos mucho más en la posibilidad de reformar y mejorar las relaciones humanas que en la de sojuzgar a la naturaleza y poner fin a las flaquezas del cuerpo humano— «la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos» entre los seres humanos «en la familia, el Estado y la sociedad”, sigue diciendo.

Así, “puesto que el sufrimiento o el horror al sufrimiento son una compañía permanente en la vida, a nadie debe asombrar que el «proceso de la civilización» se enfoque en localizar y obturar esas tres fuentes de la infelicidad humana”, sostiene.

Recordemos que “Libertad y seguridad: un caso de Hassliebe” es una conferencia magistral realizada dentro del ciclo “In me, the paradox of liberty”, realizada el 3 de mayo del 2013 en la ciudad de Amstedam. El texto explora los límites del proyecto de la modernidad en hacer frente al sufrimiento, citando explícitamente para ello a Sigmund Freud, y caracterizando a la relación de la civilización con sus ideales, como un caso de Hassliebe, es decir, una relación de amor-odio.

BOSQUE CULTURAL

La actividad se enmarca en los encuentros del Bosque Cultural, espacio donde el debate cultural tiene lugar el último viernes de cada mes. El Bosque nació desde el deseo de congregar a artistas, escritores y público en general, en torno a temas nacionales de nuestra cultura, que marcan la identidad y la idiosincrasia paraguaya; y haciendo que el discurso psicoanalítico ocupe un lugar de interlocutor posible.

Es un espacio de debate y de gozo artístico-literario-musical y su propósito es llenar en alguna medida este vacío de dialogo cultural. Congregar a artistas, escritores y público en general, en torno a temas nacionales de nuestra cultura, que marcan la identidad y la idiosincrasia paraguayas.
Los encuentros del Bosque Cultural están organizados por la Asociación Ágape Psicoanalítico Paraguayo desde hace 8 años y cuentan con el apoyo del Ateneo Paraguayo y el Circulo Literario Japay.

Datos de contacto para entrevistas:
Pablo Chávez 0981 81 86 70 | Guillermo Rojas 0984 68 00 45

Escuche audio:
En la comunidad de Aguerito, distrito de Santa Rosa del Aguaray en el departamento de San Pedro, este viernes 23 de setiembre se realizó una asamblea popular impulsada por la iglesia local, la Pastoral Social y organizaciones de derechos humanos a fin de debatir con la comunidad la propuesta de derogación de la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta FTC. Se debatió el tema desde el punto de vista social, económico y jurídico.

Preocupa la acción de la FTC, particularmente los militares quienes actúan de manera prepotente, atropellan a la gente y no respetan a las familias, dijo el padre Cristian Paiva, en declaraciones a DEMOINFO Py informando sobre el desarrollo del encuentro.Una de las mayores preocupaciones de la población refiere a la acción de los uniformados (militares) cuando los sindican o les atribuyen a la gente supuestas participaciones con la banda criminal EPP. Sin ninguna evidencia los aprenden elevando la causa a la justicia donde finalmente se los condenan sin ninguna prueba, indicó el sacerdote.

Como una conclusión de la asamblea popular se acordó llevar adelante una recolección de firmas para presentar en la audiencia pública a desarrollarse próximamente en el Congreso por la cual los habitantes de la zona sientan postura sobre la FTC. Se canalizará desde la Pastoral social para que antes del 10 de octubre se tengan ya terminadas las planillas de firmas.

La propuesta comunitaria es fortalecer la Policía Nacional dotándola de mayor infraestructura para el combate a la criminalidad como también aumentar la inversión social en la zona ya sea en el campo de la educación, la salud, el mantenimiento y reparación de los caminos vecinales. Colocación de los productos agrícolas en el mercado nacional, entre otras.

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Los ex dirigentes de centrales obreras Rodolfo Romero Garcete y Pedro Parra Gaona, dieron a conocer un documento por el cual expresan y denuncian la realidad que enfrenta el Instituto de Previsión Social IPS.

“El IPS en su la berinto-denunciamos la conspiración contra un verdadero seguro social”, así lleva por nombre el citado documento que entre otras cosas los ex sindicalistas hacen un llamado al Movimiento Sindical Paraguay para emprender una lucha de resistencia ante este macrabo propósito. “…es vergonzoso el papel que está cumpliendo el supuesto representante de los Trabajadores y demás dirigentes que están respondiendo a los intereses del gobierno actual”, reza textualmente en una parte el pronunciamiento.

A continuación el texto completo
Asunción Paraguay Agosto 2016

PARAGUAY: EL IPS EN SU LABERINTO – DENUNCIAMOS LA CONSPIRACION CONTRA UN VERDADERO SEGURO SOCIAL.
EN PARAGUAY, EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL – IPS -,se encuentra en su momento más crítico ante el asalto que está sufriendo por parte del gobierno reaccionario –neoliberal del Presidente Horacio Cartes y su Equipo Ministerial.

Es un dramático laberinto el que está montando el gobierno.

Este laberinto-asalto, tiene tres razones fundamentales:

1o. – Los casi DOS MIL MILLONES DE DOLARES que tiene el IPS en depósito, y que quieren devorarlo lo antes posible el gobierno y los empresarios amigos del gobierno, vaciando de una vez al IPS, y desamparando a los asegurados.

2o.- La liquidación del Sistema de REPARTO SOLIDARIO que caracteriza al funcionamiento del IPS, a pesar de sus deficiencias y corrupción de sus administradores de turno, que descansa en una responsabilidad tripartita, con aportes para los fondos previsionales y mecanismos de salud hechos por los Trabajadores, los empresarios y el Estado, a pesar de que el Estado casi nunca cumplió con su responsabilidad, y los mismos empresarios lo tramposean no depositando en el IPS las retenciones legales.

3o.- La sustitución por el Sistema de CAPITALIZACION INDIVIDUAL, con aporte de los Trabajadores, la administración de esos fondos por lo que se denomina ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – AFP -, y la atención de la SALUD por empresas privadas.
Esta experiencia se conoce como el modelo chileno, impuesto con prepotencia por el dictador A. Pinochet, y que ha permitido un extraordinario enriquecimiento y capitalización del sector privado con el ahorro de los Trabajadores, más de 200.000.000.000 de dólares -dándose además el contrasentido de que los Trabajadores pagan una fuerte suma mensual a la empresa que administra sus ahorros, sin posibilidad alguna de participar en el control de todo el proceso.

Para asegurar el funcionamiento arbitrario del Sistema, que solamente beneficia a las empresas administradoras del mismo, funciona una SUPERINDENDENCIA DE SEGURO, para todo el seguimiento del Sistema, que se encarga de garantizar que todo éste al servicio de los poderes económicos de la sociedad chilena.

Los Trabajadores y la conciencia esclarecida de Chile ha demostrado que el sistema es una farsa, y que las pensiones que cobrará el trabajador luego de ser pensionado-jubilado, solo es beneficioso para el ahorrista de altos ingresos, y totalmente negativo para los Trabajadores que ahorran de acuerdo al SALARIO MINIMO que percibieron durante todo su tiempo de trabajo.

Eso explica las exigencias de las centrales sindicales y de Corrientes políticas que reclaman la REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA, compromiso asumido en la campaña electoral por la actual Presidenta de Chile, Michell Bachelet.

Y en Paraguay, con el sesgo autoritario del gobierno actual, se busca un mecanismo tramposo con el fin de engañar a la opinión pública, al pueblo y a los Trabajadores, y para ello utilizan mecanismos de entrampamiento disfrazados de supuestas buenas intenciones, para lo cual apelan a la ya afamada ALIANZA PUBLICA – PRIVADA (APP), que es simplemente un proceso de PRIVATIZACION, y que en este caso es todo un método cínicamente DISFRAZADO, y que se traduce en los siguientes procedimientos:

a) Llevar a un máximo nivel el desprestigio del IPS, que desmejora sus servicios, carece de medicamentos, atiborre de enfermos sin espacios para ser internados decentemente y sin camas, en vez de encarar con responsabilidad las mejoras que se reclama por todo el mundo, ansioso de un mejor y eficiente funcionamiento del IPS.

b) Lanzar una supuesta consulta para recoger opiniones sobre el Nuevo Sistema que descaradamente lo encubren, ya que el propósito real es APODERARSE DE LOS FONDOS Y BIENES DE LA INSTITUCION para ponerla al servicio de los eternos tramposos del Sistema, dueños de la economía y de las finanzas.

c) Crear una supuesta SUPERINTENDENCIA DE SEGURO, bajo el control del Poder Ejecutivo, sin participación real de los asegurados, de los pensionados, de las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil. A esta finalidad responde el Nuevo marco legal que se está fabricando, que el Poder Legislativo lo está cocinando.

d) Destinar los fondos actuales y los del futuro para un SUPUESTO DESARROLLO DEL PAIS, es decir entregar – fagocitar – comer los recursos existentes – que son importantes – entregándolo a los empresarios que luego, como ya lo han hecho en oportunidades anteriores, no se hacen responsables del destino final de esos recursos.

Y LOS FONDOS DEL SEGURO SOCIAL NO ESTAN PARA ESO, ESTAN PARA GARANTIZAR QUE LA SALUD Y LA VEJEZ DE LOS TRABAJADORES ESTE GARANTIZADO GRACIAS A SUS PROPIOS AHORROS SOLIDARIOS, CON UNA CIERTA CALIDAD DE VIDA, Y NO QUE SE VIVA EN EL DESAMPARO.

e) Comprar a dirigentes de sectores importantes del Movimiento Sindical y de las fuerzas políticas, para asumir el PLAN DE PRIVATIZACION DEL IPS, apareciendo así, como cómplices de este turbio negociado. En este sentido, es vergonzoso el papel que están cumpliendo el supuesto representante de los Trabajadores y demás dirigentes que están respondiendo a los intereses del gobierno actual.

Ante estos acontecimientos, es inevitable lanzar UN ALERTA A TODO EL MOVIMIENTO SINDICAL PARAGUAYO Y REGIONAL, para organizar UNA LUCHA DE RESISTENCIA ANTE ESTE MACABRO PROPOSITO.

Hacemos esta denuncia ante la opinión pública, ante la OIT, promotora de una SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA, y al mismo tiempo, hacemos un llamado a sacudir nuestra CONCIENCIA DE CLASE TRABAJADORA, ya que está en marcha una grave conspiración contra los principios de una verdadera SEGURIDAD SOCIAL, y contra los derechos e intereses de la clase trabajadora de todo el país.

Asumimos a plenitud la consigna del Papa Francisco:

“NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ESPERANZA”
RODOLFO ROMERO GARCETE                                                              PEDRO PARRA GAONA
Ex Dirigente de la Central Lati-                                                                    Ex Miembro del Consejo
noamericana de Trabajadores                                                                        de Administración OIT
Asesor de la CLATE- UNTE/SN