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En Paraguay cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad, todas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de personas adultas; es urgente tener un diálogo social y político serio como sociedad para poner fin a la violencia hacia la niñez y la adolescencia – en todas sus formas -, junto con la importancia de tener las herramientas pedagógicas necesarias para la prevención, mecanismos de autocuidado y protección de las niñas y los niños en Paraguay.

Ante el sesgado actuar sobre el tema por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las organizaciones de derechos humanos firmantes, recordamos que:

1. El artículo 73 de la Constitución Nacional, señala como uno de los fines de la educación el de “eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio”; y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

2. Las acciones del MEC deben orientarse hacia la profundización de las causas e implicancias sociales y culturales que subyacen en la normalización de la violencia hacia la niñez y el abuso sexual en nuestra sociedad, tomando medidas educativas sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos, que permitan brindar herramientas según del desarrollo evolutivo de cada niñas y niño.

3. La importancia de promover y sostener espacios de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad acerca de las cuestiones complejas que enfrentamos como país; fomentando la vigencia de los derechos humanos, en el marco de la institucionalidad democrática y la garantía de una convivencia diversa por medio de un Estado laico.

4. Es prioritaria una educación de calidad, pública, laica, diversa y democrática, sustentada en la carta de principios de los derechos humanos. Erradicando así todas las formas de violencias, exclusión y discriminación a las personas que habitan el territorio nacional.

5. Las políticas públicas nacionales no pueden hacer coro fácil a discursos de odio que no reconocen la dignidad intrínseca de toda persona, convirtiéndose así en una herramienta de poder que pone obstáculos para la realización cotidiana de los derechos humanos.

6. La función clave de la educación es la tarea de la ampliación progresiva de la cultura de derechos humanos en nuestra sociedad, es necesario generar una propuesta de educación integral de la sexualidad, sobre una base científica y con enfoque de derechos humanos.

El derecho a la educación no es un derecho a cualquier educación, menos sesgada por valores propios del ámbito privado o basadas en creencias no científicas; y no puede definirse por criterios personales de ninguna autoridad, y más si los mismos no están en consonancia con la Constitución Nacional. El ocultar materiales educativos no modifica la realidad ni esconde la situación de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Es tiempo de romper el oscurantismo en la educación paraguaya.

Contactos:

Aníbal Cabrera, CDIA. 0971 914915Óscar Ayala, CODEHUPY. 0971 284292Cristina Coronel, Serpaj Paraguay. 0981 516033

Los pobladores de la Colonia Menonita de San Ignacio viven en zozobra por la inseguridad, en menos de un mes tuvieron mas de 3 asaltos, además en los últimos tiempos se suma a los asaltos,hechos de abigeo y violaciones.

Hacemos las denuncias, la policía detienen a los delincuente, pero salen en libertad de manera rápida por que la mayoría son adolescentes manifestaron Cornelio Buler e Isac Buler.

Fotos e Informe: Radio San Roque de Ayolas

 

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Escuche audio:

Una planta de marihuana encontraron en la misma entrada de la ciudad

Una planta de marihuana encontraron en la misma entrada de la ciudad

Vicente Godoy, de la radio comunitaria “Record FM” dialogó con el señor Pablo Martínez, quien perdió un hijo consecuencia de la ola de inseguridad que afecta al distrito de Horqueta del departamento de Concepción.

Dijo que luego de gestiones ante las autoridades locales lograron que se apruebe una comisión multisectorial denominada “Todos Juntos”, integrada por comisiones vecinales con la finalidad de combatir la inseguridad. Además se habilitará una caseta policial.

Escuche audio: El suboficial Principal Agustin Melagarejo, nuevo jefe de la Comisaria “Santacruz”, del distrito de San Pedro del Paraná señaló que realizaran un control estricto a motociclistas, especialmente en el uso del caso como forma para prevenir accidentes de tránsito. Esto enmarcado en la seguridad teniendo en cuenta el inicio de las actividades escolares.

Fue en declaraciones a Rufino Inzaurralde de la radio comunitaria “Okaragua Ñe’ê”

Escuche audio: El dirigente de la comisión de embarcaciones y motores para pescadores de Ayolas, Carmelo Lujan Méndez denunció ante la comisaría 8° de esta ciudad a efectivos de la Prefectura Naval por intento de homicidio y omisión de auxilio.

Según la denuncia, en un procedimiento efectuado por oficiales de la Prefectura naval de Ayolas jugaron a matar a dos personas, Francisco Lujan Méndez (36) y Mateo Ferreira también mayor de edad, quienes retornaban hacia la costa, tras revisar su espinel en la zona conocida como Apipe chico ubicada a 5 km metros agua debajo de la represa Yacyreta.

“Los marinos se acercaron y sin mediar palabras comenzaron a disparar y embistieron la canoa de los pescadores que se hundió a causa del impacto y los tripulantesquedaron a su suerte en el agua y los marinos huyeron del lugar”, relató Carmelo Luján.

Al tomar conocimiento de este hecho, el dirigente se acercó hasta la guardia de la Prefectura a fin de solicitar informe sobre lo sucedido, pero el oficial dijo no tener conocimiento del hecho, entonces el afectado exige que se le tome la denuncia y que conste en acta, a lo que el uniformado se negó alegando que no podía elaborar informe alguno sin la autorización de su segundo comandante, en este caso el teniente Cristian Sosa.

“Cuando llamé al Teniente Sosa puse el celular en altavoz, y este le dijo al guardia que agarre una hoja en blanco y haga un acta falsa, después vamos a joderle”, expresó el denunciante quien tras oír tales declaraciones abandonó la sede castrense y fue a la comisaría local para radicar denuncia en la madrugada del sábado.

Informe de la radio educativa “San Roque de Santacruz” de Ayolas – Misiones

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) planteó la instalación de mesas de trabajo para la armonización normativa de los protocolos y resoluciones que colisionen con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos Humanos.

Una comitiva de organizaciones integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) mantuvo una audiencia en la mañana de este miércoles con el ministro del Interior, Tadeo Rojas. De la reunión, realizada en la sede de la cartera de Estado, participaron Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy; Julia Cabello, de Tierraviva; Ramón Corvalán, de Serpaj-Py; Rosalía Vega, de Amnistía Internacional Paraguay, y Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

En primer término Ayala, Amarilla expuso el contenido del informe Derechos Humanos en Paraguay 2016 de la Codehupy, que tuvo entre sus temas del año los desalojos forzosos. Sostuvo que estos están prohibidos por las convenciones internaciones de las que nuestro país es signatario y puso como ejemplo que, incluso existiendo una orden judicial de desahucio, existen instrumentos jurídicos y no se violaría la ley si la ejecución es suspendida hasta tanto las instancias correspondientes, como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), ofrezcan una solución al problema antes de apelar al uso de la violencia. Acotó que el Estado es uno solo y que el Ministerio del Interior no se puede desentender de las intervenciones policiales derivando la responsabilidad al Poder Judicial o al Ministerio Público, por lo cual es necesario que exista un diálogo entre poderes.

En la misma dirección, Cabello subrayó que los desalojos –encubiertos bajo figuras como la aprehensión de personas sorprendidas en flagrancia invadiendo inmuebles privados– colisionan con disposiciones del sistema universal de derechos humanos a los cuales el Estado adhirió. Entre estas mencionó la Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que define los desalojos forzosos como contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello a raíz de que se expulsa a las personas sin ofrecerles medios apropiados de protección legal y privándoles del acceso a las condiciones mínimas necesarias para la vida, pues en este tipo de procedimientos se destruyen viviendas, pertenencias y cultivos de subsistencia, en el caso de las zonas rurales. Añadió que prevalece un excesivo uso de la fuerza y una violencia de la cual han sido víctimas hasta niños con discapacidad y mujeres embarazadas.

Posteriormente, Cabrera se refirió específicamente a los derechos de la niñez y adolescencia vulnerados durante episodios como los de Guahory, donde se destruyeron escuelas y resultaron heridos niños. También aludió a otros procedimientos en los cuales se destruyeron escuelas que fueron construidas por el propio Estado de tal manera que el Estado obró en contra de sí mismo destruyendo un patrimonio público y atentando contra el derecho a la educación.

A su turno, Vega reiteró la preocupación existente por el uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e instó al secretario de Estado a escuchar y considerar las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil formuladas en sus informes y otros documentos. Al referirse a los desalojos sufridos por comunidades indígenas, sostuvo que la defensa de los derechos comunitarios es un bien que también debe ser protegido como la propiedad privada.

En tanto, Corvalán puntualizó las violaciones al derecho a la educación de los niños y adolescentes cometidas por las fuerzas estatales y operadores de justicia –que en muchos casos están involucrados o avalan la tenencia irregular de tierras– y que los procedimientos oficiales en general están imbuidos por el estado de violencia y conflictividad que prevalece.

“Contaminación política”

El ministro del Interior, por su parte, dijo que la policía solo se limita a cumplir órdenes judiciales y fiscales al tiempo que atribuyó la violencia generada en los operativos a reacciones de los agentes ante la “contaminación política” e intervención de opositores al gobierno que buscan sacar provecho de la situación. Aseveró que coincide en la necesidad de proteger los derechos de la niñez y que existe la voluntad de respetar los derechos humanos. Aseguró que no existe directiva alguna de llevar a cabo acciones violentas, pero sí se reafirmó en la misión de defender la propiedad privada. Al ser abordado por las prácticas propias de la dictadura que sigue aplicando la policía, contestó que uno de los objetivos de su gestión es combatir ese tipo de abusos.

Rojas afirmó que antes de emplear la fuerza buscan alternativas y que en el caso de una parte de las familias de Guahory se logró el traslado a otro inmueble. Asimismo, aseguró que varias órdenes de desalojo no se están ejecutando para evitar la violencia. Además, propuso a las organizaciones llevar adelante un trabajo conjunto, puesto que el gobierno es el principal interesado en no proyectar una mala imagen. Atribuyó a tergiversaciones de la prensa la percepción de que las autoridades solo actúan desalojando a paraguayos para defender a brasileños.

Entretanto, el viceministro de seguridad interna, Lorenzo Lezcano, rechazó que la institución realice desalojos forzosos indicando que las intervenciones se ejecutan por mandato judicial o fiscal. Sostuvo que las operaciones no son propiamente desalojos, sino detenciones de personas sorprendidas en comisión flagrante de delitos como invasión de inmueble. No obstante, reconoció que el problema de la tierra existe y que la conflictividad persistirá, por lo cual buscan “humanizar” las actuaciones de las fuerzas públicas. En el mismo sentido se expresó el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, quien aseguró que no avalarán hechos que atenten contra los derechos humanos.

Por último, el ministro insistió en llevar a cabo un trabajo conjunto con las organizaciones y superar las confrontaciones y acusaciones, tanto de un lado como del otro. Ante esta propuesta, el secretario ejecutivo de la Codehupy planteó la conformación de una mesa técnica de trabajo a fin de armonizar los protocolos de procedimiento o resoluciones que sean contrarios a los principios de la Constitución Nacional y los compromisos asumidos por el Estado paraguayo ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Contacto

Oscar Ayala Amarilla (0971 284 292)

 

Fuente: Comunicación de la Codehupy